El salvador despeñado
Reportaje

El salvador despeñado

Cuatro caras de un sexenio

El priista que sí sabía gobernar hereda unas reformas estructurales que no han mostrado sus bondades, un país en el que persisten las sacudidas de la violencia (con la diferencia de que aumentó la sangría), una subordinación ante los dictados del mayor socio comercial que al menos no llegó a reflejarse en la construcción de un muro, y un balance teñido de claroscuros en el ámbito cultural que pudo ser peor dados sus antecedentes como desmemoriado lector y universitario partidario del copiar-pegar sin dar el crédito respectivo.

En los siguientes párrafos no se hablará de una de las principales manchas de la administración peñista: los casos de corrupción e impunidad. Baste con recordar que cuando se trató de investigar un conflicto de intereses en el caso de la llamada Casa Blanca, la propiedad que la cónyuge presidencial, Angélica Rivera, le compró a Grupo Higa, empresa Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo de Peña Nieto y muy beneficiado con contratos de obra pública en los tiempos del priista en la gubernatura del Estado de México, el mandatario designó para dicha función a Virgilio Andrade, amigo de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y principal asesor del ya expresidente.


GUERRA NARCA
Por Quitzé Fernández

En el sexenio de Enrique Peña Nieto el dolor se convirtió en un escenario tan cotidiano que al finalizar su administración parecía que ningún hecho iba a cimbrar todavía más a la opinión pública luego de que el país atestiguara casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

No fue así. Aún hubo tiempo para más escalofríos. Uno de los últimos se dio cuando el jueves 8 de noviembre la sesión de la Cámara de Diputados fue interrumpida por los gritos de la diputada por Veracruz del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carmen Medel Palma: "¡Valeria, Valeria!".



La diputada Carmen Medel recibe la noticia del asesinato de su hija. Foto: EFE/STRs

Valeria Cruz Medel, hija de la legisladora y estudiante de medicina de 22 años de edad, fue asesinada de nueve balazos en el interior de un gimnasio del municipio de Ciudad Mendoza, en la entidad veracruzana. La rabia, la desesperación de una madre agobiada, golpeada en su familia, se trasladó al recinto de San Lázaro. Reinó la confusión, otro escenario habitual en el país.

Fue una escena cruel la que transmitieron las pantallas de los diferentes tipos de dispositivos, la misma que se ha ido repitiendo en el México moderno de la mano de la llamada guerra contra el narcotráfico que militarizó el país desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y que alcanzó su pico más alto en la actual administración, con más de 120 mil muertes violentas de 2012 a la fecha.

Tras el asesinato, la versión oficial que expuso el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue que un hombre apodado El Richy entró al gimnasio y se dirigió al piso donde estaba Cruz Medel. Tras una breve conversación, disparó y se retiró del lugar en una camioneta Mazda.

Según el gobernador, la hija de la diputada fue confundida con la pareja sentimental del líder del cártel de Los Zetas en Ciudad Mendoza, dejando abierta la posibilidad que los autores del crimen fueran simpatizantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Días después, el grupo jalisciense negó su participación en el asesinato mediante mantas colocadas en diferentes puntos de la ciudad.


NUEVA GENERACIÓN

En 2010, según reportes de la DEA, administración estadounidense para el control de drogas, el gobierno federal mexicano ya tenía conocimiento del surgimiento de un nuevo cártel, tras las detenciones de líderes del Cártel del Milenio y de La Familia Michoacana, cuyos integrantes habían sido contratados como brazo armado por el Cártel del Pacifico para combatir a su rivales, principalmente en las ciudades bajo el poder de Los Zetas.



Foto: blog-del-narco.com

Un año después, el 20 de septiembre de 2011, un grupo que a la postre se convertiría en CJNG, autodenominado “Matazetas”, se adjudicó a través de un video la muerte de 40 personas en las principales calles de Boca del Río, Veracruz. Finalmente decidieron separarse de sus patrones originales y trabajar por su cuenta.

La DEA estima que el Cártel Jalisco Nueva Generación, al mando de Nemesio “Mencho” Oseguera Cervantes, tiene el control de 22 estados del país, entre los que destacan Baja California Sur y Norte, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Mientras que en las entidades de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán disputa el liderazgo con otras agrupaciones.

De Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se sabe poco, o nada, sólo que es originario de algún pueblo michoacano, no se sabe exactamente cual, y que nació el 17 de julio de 1966 en una cuna muy humilde. Abandonó la escuela para cuidar los ranchos de aguacate de la familia Valencia (Cártel de Milenio) y fue ascendiendo posiciones hasta convertirse en capo del narcotráfico.

Sobre su rostro sólo existen dos fotografías viejas, es conocido por su habilidad para cuidar su identidad. Es uno de los objetivos principales del Gobierno de Estados Unidos, junto con Ismael “el Mayo” Zambada y Rafael “Caro” Quintero.


43 PERDIDOS

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se trasladaron a la ciudad de Iguala para interceptar autobuses y viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre y exigir, como todos los años, respuestas a las autoridades sobre la matanza de Tlatelolco. Nunca más se supo del destino de 43 de ellos.



Presidente municipal de Iguala, su esposa y el jefe policíaco involucrados en el caso Ayotzinapa. Foto: EFE/Alex Cruz

Las versiones indican que esa noche hubo enfrentamientos en la ciudad entre células del crimen organizado y autoridades locales. Un camión con estudiantes y otro en el que viajaba un equipo de tercera división fueron atacados. El saldo: cinco estudiantes muertos, más de 20 heridos y 43 desaparecidos que fueron subidos a camionetas de la policía local.

El gobierno de Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, difundió que José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados con Guerreros Unidos, grupo criminal que opera en la ciudad, pensaban que los estudiantes iban a manifestarse en uno de sus actos públicos, por lo que ordenaron detenerlos.

Días después, autoridades federales aseguraron haber hallado fragmentos humanos en un basurero en la localidad de Cocula. En las investigaciones que siguieron, los padres de los desaparecidos lograron que participara el Equipo Argentino de Antropología Forense. Este grupo de expertos concluyó que si bien el gobierno le entregó restos que tienen coincidencias con el ADN de un alumno, se desconocía el origen de esos fragmentos.

Organismos internacionales advirtieron que las dependencias mexicanas habían manipulado evidencias y creado una “verdad histórica” poco fiable. Hasta el momento las investigaciones no han avanzado.

En total, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se han contabilizado más de 234 mil personas muertas y un número indeterminado de desaparecidos. Autoridades estiman que hay alrededor de 25 mil desaparecidos, aunque las oenegés calculan que podrían ser más de 300 mil.

Un país en crisis por la violencia generada por el narcotráfico es la herencia que deja Enrique Peña Nieto. Parar la sangría y lidiar con un grupo criminal afianzado son prioridades del gobierno lopezobradorista.



Equipo Argentino de Antropología Forense. Foto: EFE

PUDO SER PEOR
Por Minerva Anaid Turriza

Un sexenio más concluye y es el momento de hacer balances. La población recibió a Enrique Peña Nieto dividida entre el entusiasmo, el escepticismo y la desconfianza. A lo largo de seis años, su nivel de aceptación no hizo más que deteriorarse y caer, en una progresión que fue pasando de lo lento a lo estrepitoso, para ya nunca recuperarse. Esa entidad conocida como la opinión pública ha sido dura con el ya expresidente.

Su administración deja muchas deudas en diversos ámbitos: seguridad, economía, impartición de justicia, son algunos rubros en los que la desilusión es generalizada, con una percepción negativa exacerbada por la impunidad y la corrupción, pero ¿qué pasa en el ámbito cultural?


GENERALIDADES

No es un secreto que la cultura en sus distintas vertientes y manifestaciones no fue una prioridad para el gobierno saliente, no ha sido una prioridad para los gobiernos desde hace ya un tiempo. En 2015 se concretó una iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo que parecía un intento por desmentir lo anterior, la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en Secretaría de Cultura. La idea principal era otorgar autonomía al organismo, que antes dependía de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, y aunque quizás sea demasiado pronto para evaluarlo apropiadamente, al nuevo organismo no le han faltado críticas. Se critica, por ejemplo, que buena parte de sus objetivos son muy generales y no van acompañados de planes que detallen acciones precisas para conseguirlos.

Una de las señales insoslayables del poco interés puesto en la cultura es, desde luego, el presupuesto. El sexenio que finaliza transcurrió entre recortes anuales para este sector de la administración federal. Si bien es cierto que no fue el única en sufrirlos, sí fue uno de los más castigados. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se le dedicó solamente el 0.25 por ciento del total, con el agregado de que una gran parte de los escasos recursos que recibe la secretaría del ramo acaba en manos de su burocracia.



La transformación del CONACULTA. Foto: El Universal

Otro indicador elocuente es la falta de indicadores. México anda escaso de mediciones constantes y totalizadoras en lo tocante a los avances en desarrollo cultural y al consumo que de ella hacen los habitantes. Sin datos certeros y actualizados es complicado, por decir lo menos, diseñar políticas públicas adecuadas. Aunque los informes de gobierno cada vez dedican más espacio al tema, se trata principalmente de un gran listado de actividades realizadas, poco se habla de programas concretos, metas, alcances y resultados obtenidos. Cuando lo hacen no salen muy bien parados. En el Quinto Informe de Gobierno las autoridades reconocieron que solamente el 17.4 por ciento de la población se benefició con actividades culturales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dispone de Estadísticas de Cultura de 1928 a 2007, año en que dejaron de producirse, ya que la tarea de difundir ese tipo de información quedó en manos de Conaculta; la ahora extinta dependencia realizó la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales en 2004 y 2010. Dos años después, ambas instituciones cooperaron para implementar la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México, se realizó una sola vez.

Ni en los remanentes del Conaculta ni en la nueva Secretaría de Cultura abundan los datos; por fortuna, el Inegi aún cuenta con algunos instrumentos de medición estadística para distintas áreas de competencia cultural con datos ordenados y fáciles de consultar.


MUSEOS

En 2017 estos espacios fueron visitados por 162 mil 324 mexicanos, de los cuales el 39 por ciento dedicó media hora o menos al recorrido. Más del 95 por ciento del total de dicho grupo expresó su intención de regresar.

El principal motivo para no asistir a un museo es la “falta de difusión y publicidad”, seguido muy de cerca por “falta de cultura” y “falta de interés”.



Foto: NOTIMEX/José Pazos

La cifra de asistencia de visitantes nacionales representa un aumento de 2.8 por ciento con respecto al año anterior.


LECTURA

Se concentra en la población de 18 años y más residente en zonas urbanas con más de cien mil habitantes, según el Módulo sobre Lectura elaborado por Inegi. Toma en cuenta distintos materiales con texto: libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros y blogs, pero excluye redes sociales.

El porcentaje de población que lee alguno de los materiales considerados ha disminuido con cada levantamiento. En 2015 se registró un 84.2 por ciento, en 2016 bajó a 80.8, en 2017 se perdió sólo un punto porcentual y 2018 arrojó un total del 76.4 por ciento. Sólo 45 de cada 100 encuestados declararon haber leído al menos un libro.

El tipo de material de lectura varía según el sexo. El porcentaje de mujeres que leen libros y revistas es ligeramente superior al de hombres, alrededor de tres puntos en cada tipo de producto; por otra parte, los hombres sacan una ventaja de 24 puntos en la lectura de periódicos. También superan a su contraparte en historietas y medios digitales.


MODECULT

El Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados mide el interés y la asistencia de individuos mayores de edad a obras de teatro, presentaciones de danza, conciertos, exposiciones y proyecciones de películas o cine. La población que declaró haber asistido a alguno de estos eventos pasó de 64 por ciento en 2016 al 58.1 por ciento en la primera mitad de 2018.

El séptimo arte es el claro favorito, más de 86 de cada 100 entrevistados asistió al menos una vez a este tipo de evento, mientras que la danza es el menos frecuentado, sólo acudió el 22.1 por ciento de los encuestados. A la música le corresponde el segundo lugar con un 49 por ciento. Teatro y exposiciones están prácticamente a la par, registran 25.6 por ciento y 25.5 por ciento, respectivamente. La división proporcional no presenta grandes variaciones con respecto a 2016.



Foto: EFE

En cada actualización de este módulo, la proporción de hombres que asisten a alguno de los eventos seleccionados es ligeramente superior a la de mujeres; para la dada a conocer en julio de 2018 la diferencia es de casi dos puntos porcentuales.

Parece justo decir que las acciones emprendidas, y sus resultados, no son tan desastrosos como cabría esperar teniendo al frente del gobierno a un individuo que no es capaz de recordar el título de tres libros, ni tan efectivos como a los defensores de la importancia del rubro cultural les gustaría. Para que existan cambios sustantivos un paso que parece imprescindible es comenzar a poner el acento en el fondo y no en la forma, que tantas veces lleva a homologar cultura con espectáculo.


HACER GRANDE A TRUMP
Por Angie Pelayo

Luego del sexenio de Felipe Calderón, la política exterior de México quedó marcada por los escándalos; el país debió agregar a la subordinación a Estados Unidos que nos representaba en el escenario global una imagen desgastada por la inseguridad.

El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia después de dos mandatos panistas generó expectativas acerca de posibles cambios en el manejo de las relaciones internacionales. Fortalecer la presencia de México en el mundo fue una de las metas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Para lograrlo, se propuso “diversificar los vínculos políticos, comerciales, de inversión, cooperación y turismo”, es decir, reducir la dependencia con respecto al vecino al norte del río Bravo.

La impresión de mejora se acentuó tras una disminución en los indicadores de violencia y la implementación de las reformas estructurales, que prometían mejorar el desempeño de la economía mexicana y que causaron opiniones positivas en la comunidad internacional. Las expectativas, sin embargo, poco a poco se fueron desvaneciendo. El gusto no duró por mucho tiempo.



Visita de Donald Trump a México. Foto:EFE /Jorge Nóez

Una decisión que desató el repudio de los mexicanos y que le valió a Peña Nieto y a colaboradores cercanos ser llamados traidores y desleales fue la invitación que extendieron al candidato republicano, Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos, en agosto de 2016.

Recibir en la residencia oficial de Los Pinos a quien hacía campaña arremetiendo contra los migrantes mexicanos, catalogándolos como criminales y violadores, provocó la renuncia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien participó de manera directa en la organización de este encuentro. Más adelante, en enero de 2017, fue designado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Luego de este alboroto, la política exterior continuó deteriorándose de la mano de eventos y escándalos que afectaron la percepción de seguridad e integridad que la administración priista intentaba fabricar. A nivel internacional resonaron, además de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, diversas matanzas y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

2017, el año más violento en la historia reciente de México, ha reforzado la impresión negativa que tiene del país la comunidad internacional. Organismos defensores de los derechos básicos de las personas están al pendiente de las constantes agresiones a las garantías irrenunciables en territorio nacional.

La situación ha empeorado no sólo para quienes viven dentro de las fronteras de México. Que Donald Trump llegara a la presidencia de la Unión Americana ha puesto a los paisanos en el centro de la agenda del republicano. Además, los días del neoyorquino en la Casa Blanca son el constante recordatorio de que quiere un muro en la frontera sur que sea pagado por el vecino.



Acuerdo Transpacífico (TPP). Foto: El Universal

La orientación proteccionista de Trump, con decisiones como la orden ejecutiva para retirar a su nación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, ha derivado en una búsqueda de aliados, de estrechar lazos al interior de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Alianza del Pacífico. También de incrementar el volumen de sus operaciones con destinos como Argentina y Brasil, así como la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

La mano de las autoridades mexicanas también fue forzada por Trump para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora denominado USMCA (Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá).

Las respuestas de Peña Nieto a las andanadas del republicano fueron escasamente destacadas. En abril de 2018 le exigió respeto a Trump a través de un vídeo subido a Internet. El priista expuso que el agresivo discurso del republicano estaba impactando en las finanzas públicas de la nación. Esto luego de que el vencedor de Hillary Clinton afirmara que México pagaría el costo del muro divisorio y de anunciar que más de 3 mil militares apoyarían las labores de los agentes fronterizos.

La reacción anti-Trump de Peña Nieto no convenció a muchos analistas de la relación bilateral. El fin de la renegociación del tratado comercial de América del Norte fue anunciado por el mandatario estadounidense como un triunfo de sus maneras.

México pues, cedió en la mesa para que no le estallara la ruptura del acuerdo con su principal socio comercial.

Varios especialistas coinciden en que el acuerdo es, en su mayor parte, lo mismo que se tenía. Diferencias sustanciales se dan en el sector automotriz donde se incluyeron medidas como incrementar del 62 al 75 por ciento el mínimo de componentes de vehículos que deben ser producidos en alguno de los tres países y que entre el 40 y el 45 por ciento de cada unidad sea confeccionada por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por día.



Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Foto: Notimex/Jessica Espinosa

Los tres países se comprometieron con este convenio para los próximos 16 años. El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no podrá proponer alguna modificación sino hasta el 2024 ya que el USMCA se mantendrá en los términos acordados al menos por seis años. Otro escenario en el que podrían darse cambios es uno en el que llegue al mando de la Unión Americana alguien con una visión del mundo opuesta al trumpismo.


EL SALVADOR DESPEÑADO
Por Iván Hernández

Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto le valieron ante la opinión internacional, durante corto tiempo, el epíteto del salvador de México.

El sobrenombre, ya se sabe, se deterioró de forma irremediable. El sucesor del priista, Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en varias ocasiones su intención de abrogar la reforma educativa.

La administración de EPN introdujo, entre otras cosas, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y estableció un sistema para evaluar la calidad de los procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional desde el nivel preescolar hasta el medio superior. También hizo de la evaluación de méritos la vara para medir el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes y dotó a tal criterio con dientes al fijarla como causal para la separación del servicio.

Uno de sus objetivos prioritarios fue eliminar la participación sindical en el control de plazas laborales. Al menos cuatro fuerzas parlamentarias en el Congreso de la Unión han manifestado su interés en revisar, revocar, modificar o cancelar las modificaciones hechas en el ramo educativo, otros grupos han expresado su disposición a escuchar proyectos alternativos.

Otra iniciativa de calado, la reforma hacendaria, se presentó bajo los augurios funestos de una desaceleración económica, un menor ritmo de inversión tanto pública como privada y una disminución de la producción petrolera.



Elba Esther Gordillo. Foto: EFE /José Méndez

El cambio en las normas perseguía cuatro objetivos básicos: elevar la recaudación tributaria, mejorar la calidad del gasto gubernamental, fortalecer la coordinación fiscal así como la responsabilidad hacendaria del Estado y establecer mecanismos para la creación de un Sistema de Seguridad Social Universal.

De ese modo, se dijo, iban a atacarse debilidades como la limitada capacidad financiera del Estado - producto de la baja recaudación de impuestos-, inequidades en las reglas de aplicación de los gravámenes, los altos costos administrativos, la informalidad y la baja recaudación de municipios y gobiernos estatales.

Los ingresos tributarios en México, incluyendo seguridad social y lo recaudado por autoridades locales, representaron el 13.7 por ciento del Producto Interno Bruto en 2012 (9.6 por ciento del PIB sin incluir los dos elementos enunciados) mientras que los países de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos alcanzan índices del 24.3 y 18.4 por ciento del PIB de forma respectiva.

De 2013 a 2017, los ingresos tributarios del sector público crecieron 51.9 por ciento al pasar de 1.561 billones de pesos a 2.854 billones de pesos, de 9.6 a 13.1 por ciento del PIB. Sin embargo, los ingresos totales disminuyeron de 23.3 por ciento a 22.7 por ciento del PIB en el mismo periodo.

En el rubro del Gasto Federalizado, la Auditoría Superior de la Federación observa que persiste una gestión ineficiente.

En general, señalan varios diagnósticos, incluidos algunos elaborados al interior del Senado mexicano, el sistema hacendario mexicano requiere medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de sanciones. Otros aspectos que deben trabajarse son los métodos para elevar la calidad del gasto público y disminuir la evasión fiscal.

Otra reforma que ha dado mucho de que hablar es la energética. Una vez adecuado el marco legal, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se mantuvieron como propiedad del gobierno federal, pero dotadas con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía técnica, operativa y de gestión.



La justificación incluía los argumentos de cajón: la injerencia del gobierno federal en Pemex, la priorización de objetivos de corto plazo y la concentración en su aportación a los recursos del fisco. También se remarcó que Pemex carecía de personal técnico y gerencial de alto nivel y que su excesiva integración vertical provocó que se quedara al margen de avances tecnológicos. Otro señalamiento frecuente apunta a un sindicato petrolero que se apropió de una parte importante de la renta económica de la paraestatal.

Factores como los enunciados contribuyeron a forjar una producción de hidrocarburos insuficiente, crecientes importaciones de petrolíferos y deficiencias en el transporte de energéticos.

La reforma al sector permite que el sector privado participe en la exploración y extracción de combustible fósil a través de cuatro tipos de contratos: licencia, utilidad compartida, producción compartida y de servicios. Las diferencias entre contratos radican en la forma en que se llevan a cabo las actividades de exploración y extracción así como en los beneficios que arrojarán para el Estado y los contratistas.

Los cambios a las reglas se clasificaron dentro de las modificaciones dirigidas a elevar la productividad, atraer inversiones y modernizar el sector. Objetivos particulares fueron la modernización y el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.

A tres años de que se pusieran en marcha, no se percibe una tendencia clara en los precios de los combustibles y de la electricidad.

Lo que sí es un hecho es que desde 2015, México alcanzó la calidad de importador neto de productos petroleros, condición ocasionada en buena medida por una creciente importación de gasolina y por el hecho de que las refinerías de Pemex se encuentran entre las más ineficientes del mundo.

La reforma energética, perciben algunos analistas, tiene elementos que, en caso de ser bien aprovechados, podrán convertirla en el mediano plazo en una palanca para el crecimiento económico y el desarrollo del país.

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