Caso Villajero y BBVA
Finanzas

Caso Villajero y BBVA

Limpiador de la corrupción política en España

José Manuel Villarejo Pérez es un empresario, actualmente retirado. Acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, Villarejo se encuentra desde el 17 de noviembre de 2017 en prisión provisional sin fianza.

Nació en la provincia de Córdoba en 1951. Desde principios de los setenta entró a formar parte de la policía franquista, destacándose en operaciones de la lucha antiterrorista.

Hasta 1983 está relacionado con el Sindicato Profesional de la Policía, donde se cree que como dirigente dio cabida a agentes que provenían de la ultraderecha.

A partir de ese año toma una cese temporal de su labor y se dedica a crear varias decenas de empresas con las que teje una tupida red de contactos y favores.

En 1993 vuelve a la fuerza pública como agente encubierto, es decir, pudiendo compatibilizar su trabajo con actividades paralelas y disfrutando de una libertad casi plena al tener que rendir cuentas sólo ante el director.

A mediados de los noventa, Villarejo se ve envuelto, bajo el gobierno del ex presidente de España Felipe González, en el Informe Veritas, un documento que revelaba información infame contra distintas personalidades, incluyendo al juez Garzón, el cual recientemente fue condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación de reclusos de una prisión española.

Villarejo también participó en operaciones contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado. Su nombre empezó a sonar con fuerza al llegar la crisis a España y con ella los numerosos casos de corrupción.

El juez Baltasar Garzón, investigado por confabular en un caso con Villarejo. Foto: EFE/Emilio Naranjo

SERVIRSE DE SUS PUESTOS

Villarejo combinaba su destino en la cúpula de la policía con su actividad como abogado con su despacho Stuart Mckenzie. A través de ese bufete, participó en diversos casos atendiendo a las influencias que poseía como parte del cuerpo policíaco. A través de su esposa, es también propietario del diario digital Información Sensible, el cual se especializa en noticias de seguridad.

Fue desde ahí donde se publicaron notas para denigrar a los policías de la Unidad de Asuntos Internos que investigaban sus actividades. Uno de sus periodistas grabó supuestamente una conversación entre esos agentes y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El comisario jubilado también controlaba la agencia de detectives R&V Consultores de Investigación a través de su mano derecha, el abogado Rafael Redondo.

Esta última empresa se dedica a la “gestión de crisis”, es decir, al proceso mediante el cual una organización enfrenta un acontecimiento de importancia que podría generar daño a la institución, sus stakeholders o al público en general.

Entre sus firmas, según los informes policiales, se encuentra CENYT, fundada en 1996 por otras dos sociedades suyas radicadas en Uruguay y dedicada a la promoción inmobiliaria (gestión eficiente, rehabilitación de inmuebles ya construidos).

También otras con un objeto social relacionado con la actividad investigadora, como Ansib Net Solutions que ofrece un servicio que permite grabar, archivar y recuperar conversaciones telefónicas con absoluta validez legal o CENYT Data, dedicada al asesoramiento en todo lo relacionado con pruebas electrónicas y recuperación de datos.

En total, el capital social de todas esas sociedades alcanza los 16 millones de euros y su entramado empresarial ha tenido actividad en España, Uruguay, Panamá y Estados Unidos.

CORRUPCIÓN E INFLUENCIAS

Toda la actividad empresarial de Villarejo fue comunicada por la Unidad de Asuntos Internos al anterior director adjunto operativo, Eugenio Pino (considerado uno de los cerebros de la Operación Cataluña), quien, sorprendentemente, la consideró perfectamente congruente con su trabajo policial, pese a que algunas de esas compañías desempeñaban labores relacionadas con las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que en su régimen de incompatibilidades se califica como falta muy grave.

Pino encargó un informe sobre ese asunto al entonces jefe de su gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en sus conclusiones reflejaba que sus empresas se podían incorporar en lo que son actividades excluidas del régimen de incompatibilidades.

También aseguraba que guardaba “respeto absoluto al horario asignado a su puesto de trabajo”, pese a que, según Asuntos Internos, su actividad laboral se desarrollaba en la sede de sus sociedades y no en la Policía. Por último, afirmaba que su entramado no tenía relación con el trabajo policial.

Palacio del Marqués de Salamanca, actualmente sede de BBVA, donde se toman decisiones directivas sobre las bancas internacionales. Foto: Thericote/Wikipedia

VILLAJERO-BBVA

Durante el 2018, el BBVA abrió una investigación interna para determinar si se realizaron prácticas ilegales, como la supuesta contratación por parte del ya ex presidente Francisco González, al ex comisario José Manuel Villarejo, para espiar a empresarios, políticos y periodistas interviniendo sus teléfonos.

El monto total entregado a CENYT, la empresa del policía jubilado, para este fin, se estima en más de 10 millones de dólares entre 2004 y 2018.

Desde entonces, el banco español ha vivido una etapa más que azarosa en la que se ha cambiado al presidente, al consejero delegado y ha modificado el consejo de administración.

Pero los problemas, lejos de alejarse o encauzarse, se han recrudecido porque la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en España han abierto investigaciones que dejan la situación fuera del control del BBVA.

El banco ya no sabrá si va a llamar a declarar a algún directivo como investigado o como testigo. En estos doce meses la cotización del banco ha caído un 17 por ciento.

El banco justifica el sorprendente plazo dedicado a la investigación por la enorme complejidad que supone rastrear miles de correos electrónicos de decenas de empleados que podían saber de este asunto (soportados en diferentes sistemas informáticos, algunos de ellos ya caducos), mensajes de teléfono, así como contratos y documentos, algunos de los cuales sólo están en papel.

El BBVA recurrió al comisario Villarejo para acabar con el chantaje al que le sometía Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016.

El banco que presidia Francisco González pagó más de 10 millones de dólares entre 2004 y 2018 a las empresas de José Manuel Villarejo. Los trabajos aparecen en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc.

El comisario Villarejo Pérez fue detenido el 3 de noviembre de 2017. Desde entonces se encuentra en prisión provisional por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, extorsión y revelación de secretos, entre otros.

La investigación le muestra como el líder absoluto de una banda dedicada a fabricar informes para clientes de la élite empresarial y política en contra de sus enemigos.

Para ello se servía de su condición de funcionario público, lo que le permitía de primera mano o con colaboración de otros policías, tener acceso a información reservada.

Villarejo no es más que un facilitador de relaciones para mantener el status quo de la hegemonía económica en España, un individuo creado por el aparato profundo del Estado.

Si la democracia liberal en España dio durante un tiempo una imagen confiable fue por personajes como Villarejo, dispuestos a enmendar, ya sea bajo la ley, sobre la ley y en contra de la ley, los excesos y escándalos que se producen en el anormal pero cotidiano funcionamiento de la corrupción política en España.

La clínica CENYT, una de las empresas de blanqueo, sigue abierta bajo otro nombre. Foto: Cortesía Cenyt Hospital/Linkedin

Comentarios