Contra la corrupción
Opinión

Contra la corrupción

Jaque Mate

Andrés Manuel López Obrador prometió siempre combatir la corrupción. Una de las razones por las que ganó tan ampliamente la elección presidencial de 2018 fue por ese compromiso.

El tabasqueño también afirmó que no llevaría a cabo una cacería de brujas de funcionarios del pasado. Algunos han sostenido que violó esta última promesa con las acusaciones en contra de Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu. Pero la verdad es que el caso en contra de ella viene de antes, de una amplia serie de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación debido a contratos firmados con universidades públicas que fueron subcontratados a empresas fantasma y cuyos recursos desaparecieron.

El presidente dijo en su campaña, y después también, que la corrupción se acabaría simplemente con tener a un presidente honesto, como él. Combatir la corrupción, ha afirmado muchas veces, es como barrer escaleras: hay que hacerlo de arriba hacia abajo. Quizá, pero la experiencia nos demuestra que tener un presidente honesto no significa que desaparezca la corrupción.

Parte del problema es que el presidente tiene una idea muy especial del significado de corrupción. Sostiene, por ejemplo, que al bajarse el sueldo a sí mismo, y obligar a los funcionarios federales a ganar menos que esa cantidad reducida, ha combatido la corrupción. La realidad es que los funcionarios no hacían más que trabajar como cualquier otra persona por un salario. El monto de un sueldo no define un acto de corrupción. El presidente ha declarado, por otra parte, que un buen funcionario requiere de 99 por ciento de honestidad y sólo uno por ciento de capacidad. Es una afirmación que ha generado muchos cuestionamientos, y con razón. La incapacidad, como bien sabemos, puede ser más onerosa que la corrupción.

La mejor manera de combatir la corrupción es tener leyes sencillas, transparentes y generales, que eviten que los funcionarios tomen medidas discrecionales que favorezcan sólo a ciertas personas o empresas. Por eso se modificó el artículo 134 de la Constitución, para establecer la obligación de hacer licitaciones públicas en las adquisiciones y arrendamientos de las dependencias federales. La Ley de Adquisiciones, sin embargo, estableció en su primer artículo una serie de excepciones que evitan las licitaciones, entre ellas, una que permite otorgar asignaciones directas a universidades públicas. Esta excepción es precisamente la que hizo posible los desvíos de los que hoy se responsabiliza a Robles.

A todos los mexicanos nos conviene que el presidente tenga éxito en su combate a la corrupción. Este es un mal que ha afectado a nuestro país desde sus inicios. Pero es un problema que no se va a resolver simplemente con buena voluntad o barriendo las escaleras de arriba para abajo. La experiencia internacional nos dice que la corrupción sí se puede vencer, pero a través de reformas que simplifiquen las normas, que garanticen transparencia en el gasto público, que impulsen las licitaciones y que eliminen la impunidad por actos de corrupción.

Nuestras reglas no están todavía en el nivel necesario. Los fraudes por los que se procesa a Robles son un ejemplo de lo que se puede hacer con ellas. Para acabar realmente con la corrupción tenemos todavía que hacer importantes reformas.

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