Empresas sustentables en México
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Empresas sustentables en México

Impacto económico y ambiental

Si el deterioro ambiental ocasionado en México por las actividades económicas tuviese que pagarse, tendrían que erogarse en promedio más de 940 mil millones de pesos anuales para resarcir los daños. Este monto representa el 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2017. Son los gastos de la sociedad “para prevenir o remediar la disminución y pérdida de recursos naturales, así como el deterioro del medio ambiente”, señala el comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al presentar el reporte de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México de aquel año.

Se trata de los costos ambientales derivados del agotamiento de los recursos y de la degradación de los ecosistemas. El INEGI los deduce con una fórmula aparentemente sencilla: “Se calculan mediante balances físicos que permiten conocer la disponibilidad al inicio de un periodo, sus cambios durante éste y lo que quedó de los recursos al final del ciclo”.

Los costos por agotamiento son los relacionados con el uso de hidrocarburos, de recursos forestales y de agua subterránea. En tanto que los costos por degradación son los referentes a la erosión del suelo, al impacto de los residuos sólidos, a la contaminación del agua y de la atmósfera.

A pesar del elevado monto que se calcula, la tendencia histórica de los costos ambientales ocasionados por las actividades productivas tiende a la baja: en 2003 la degradación y el agotamiento de los recursos correspondió al 6.8 por ciento del PIB, 2.5 puntos porcentuales por arriba de lo que actualmente reporta la institución.

¿A qué se debió esta reducción en el costo ambiental? ¿La aplicación de leyes fue rigurosa? ¿O las empresas aplicaron políticas y procesos sustentables que les permitieron ahorros?

Foto: Archivo Siglo Nuevo

Si bien es cierto que las tecnologías presentan cambios positivos en materia ecológica (menor consumo de combustibles, reducción en la generación de gases de efecto invernadero, entre otros) y que en el país existe un marco regulatorio en materia ambiental, es imprescindible el cambio de actitud y las conductas de las organizaciones privadas para consolidar las políticas públicas encaminadas a la preservación de los recursos naturales.

SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

La sustentabilidad ha adquirido significados distintos, el de uso corriente es el que implica el aprovechamiento racional de los recursos actuales y futuros para no comprometer a las generaciones venideras.

Entre los acuerdos internacionales que propiciaron el avance en el cambio de actitud de las empresas privadas, está el Pacto Mundial, iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que convoca a las industrias y comercios para que, de manera voluntaria, realicen acciones apegadas a los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Los ODS se gestaron en 2012 durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en la reconocida cumbre de Río de Janeiro. Su interés es responder a la amenaza del cambio climático, así como lograr la equidad, mejorar la salud, erradicar la pobreza y fomentar la paz propiciando sociedades inclusivas.

Resultado de la influencia del Pacto Mundial en las sociedades y los gobiernos, son las reformas en algunas de las leyes que operan en México, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley de Aguas Nacionales; la de Pesca y Acuacultura Sustentables; la de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos; todas ellas reformadas en el 2013, un año después de la cumbre de Río.

Se calcula que el 70 por ciento de los cuerpos de agua en México están contaminados. Asimismo, especialistas afirman que si no mejora la gestión de este recurso, el país podría entrar en una crisis de escasez hacia el 2030. Foto: EFE/Jaime Avalos

Asimismo se diseñaron normas oficiales, como la NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece criterios para clasificar los residuos de manejo especial y con ello determinar cuáles están sujetos a un plan de control.

Entre los reglamentos y leyes resalta la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual plantea lo que diversos analistas exigían: la definición de estímulos fiscales para aquellas empresas que impulsen “los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático”.

La LGCC establece en su capítulo IX los instrumentos económicos que la federación y los estados deberán diseñar y aplicar como apoyo a la industria; se trata de “créditos, fianzas, seguros de responsabilidad civil, fondos y fideicomisos; así como financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica o para el desarrollo, y tecnología de bajas emisiones en carbono”.

Las actividades susceptibles de estímulos fiscales contempladas en la LGCC son la investigación, la incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; también la promoción de prácticas de eficiencia energética pueden ser favorecidas; asimismo el uso de sistemas de eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables, de tecnologías de bajas emisiones en carbono y el impulso de actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones.

Es una estrategia legal que refuerza la incorporación de empresas a la dinámica sustentable, sin embargo lo que propone el Pacto Mundial es que las firmas comerciales transiten hacia la responsabilidad social y la sustentabilidad sin la coerción del Estado.

LA BOLSA VERDE

En 1988 surgió el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), asociación civil que agrupa a más de mil instituciones de asistencia y promoción. Su misión es “promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, sus organizaciones sociales y empresas…”. En ella no se plantea el incremento de los ingresos económicos a partir de la aplicación de normas de sustentabilidad. Sin embargo es posible que esto ocurra.

30 aniversario del Centro Mexicano para la Filantropía. Foto: El Universal

Si bien es cierto que medir en términos económicos la sustentabilidad en una empresa resulta complejo, es acertado también plantear los beneficios de las prácticas amigables con el ambiente, como lo son el aumento de los incentivos gubernamentales, el incremento de la inversión extranjera, así como mayores exportaciones, generación de empleos, cuidado del ambiente, transferencia de tecnología, diversificación económica y formación de capital humano.

Otro parámetro para ponderar los beneficios de la sustentabilidad lo ofrece la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La institución bursátil estableció el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable, con el cual se analiza la información pública que determina las mejores prácticas de compañías en temas de sociedad, medio ambiente y gobierno corporativo.

La BMV seleccionó 30 empresas a las cuales sometió a filtros basados en criterios internacionales respecto a las prácticas de responsabilidad socia. Aquellas compañías que pertenecen al índice de sustentabilidad no reflejan aún un incremento de inversores, pero sí han fortalecido la reputación de la marca y también manifiestan una economía sólida. Para estas corporaciones es más fácil su adaptación a las nuevas políticas de una sociedad que atiende con mayor fuerza los llamados ambientales. Las 30 empresas seleccionadas son las más sobresalientes en el ámbito económico nacional.

Si consideramos que aquella reducción de 2.5 puntos porcentuales del PIB como consecuencia del impacto ambiental de las actividades económicas del 2003 al 2017 se debió a mejores prácticas de sustentabilidad, podría también suponerse como un ahorro o ganancia de las corporaciones, gracias a sus normas de responsabilidad social.

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