Primero la seguridad
Opinión

Primero la seguridad

Jaque Mate

Tenemos gobiernos que quieren ser empresarios, promotores de cultura, generadores de electricidad, administradores de gasolineras, organizadores de rifas de aviones y mil cosas más. Olvidan, sin embargo, sus obligaciones fundamentales.

Garantizar la seguridad es la responsabilidad esencial de cualquier gobierno. La razón histórica del surgimiento del Estado, según muchos filósofos e historiadores, fue la necesidad de las familias de tener una protección que ellas no podían asegurar. Había un gran deseo por escapar a la ley de la selva.

Sin embargo, es claro que el Estado mexicano no está cumpliendo con la responsabilidad de proporcionar seguridad a los ciudadanos. México es uno de los países más inseguros y violentos del mundo. Estamos sufriendo más de 34 mil homicidios dolosos al año, cifra sin precedente en los tiempos en que hemos registrado de manera sistemática este delito.

El Estado mexicano no se atreve ya a combatir frontalmente a las bandas del crimen organizado. El ejemplo más notable lo vimos en octubre de 2019 en Culiacán: después de que un contingente militar detuvo a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se vio obligado a soltarlo por las represalias y amenazas del Cártel de Sinaloa.

Ninguno de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años ha mostrado la capacidad de derrotar al crimen organizado. No lo hizo Felipe Calderón, que utilizó al Ejército en operativos de vigilancia en las zonas más conflictivas del país. No lo logró Enrique Peña Nieto, pese a la afirmación de que los priistas sí sabían gobernar. Pero tampoco lo ha conseguido Andrés Manuel López Obrador, que cuestionó la guerra contra el narco de sus predecesores y ha lanzado una nueva policía militar, la Guardia Nacional, pero hasta el momento no ha logrado mejores resultados que sus predecesores.

El gobierno de López Obrador ha presentado iniciativas para realizar una reforma del sistema de justicia con el presunto objetivo de combatir mejor a la delincuencia. Lo que ha hecho, sin embargo, es cambiar la definición de crimen organizado, para encarcelar y confiscar los bienes de empresarios a los que acusa de fraude fiscal antes de que sean juzgados. Ha propuesto también restablecer el arraigo, que la Suprema Corte ha considerado como inconstitucional, y debilitar otras garantías individuales. No hay ninguna certeza de que estas medidas permitirían derrotar a la delincuencia, pero sí nos quitarían derechos constitucionales.

El gasto neto del sector público federal para el 2020 será de seis billones 59 mil millones de pesos. De este total, solo 59 mil 200 millones están programados para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la entidad encargada de impedir delitos, y 18 mil 200 millones para la Fiscalía General de la República, que busca y procesa a quienes cometen delitos. Juntas, estas dos instituciones reciben un presupuesto de 77 mil 400 millones de pesos anuales, o sea, 1.3 por ciento del gasto total del sector público federal. Esta cifra exhibe la poca atención que presta el gobierno federal a lo que debería ser su principal responsabilidad.

El gobierno debe replantear sus prioridades. No importa qué partido esté en el poder, los gobernantes deben concentrar sus esfuerzos en cumplir con la principal responsabilidad del Estado. Mientras no haya seguridad, no tiene sentido que el gobierno siga tratando de hacer mil cosas.

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