El combate por los derechos de la Tierra
Ciencia

El combate por los derechos de la Tierra

Pretender a la naturaleza como persona jurídica

¿Qué hubiera pasado si los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora, y el Remedios en Durango, tuvieran derechos jurídicos como cualquier ciudadano mexicano para exigir justicia frente a la empresa minera que los contaminó en 2014 con ácido sulfúrico y cianuro? ¿Cómo tendrían que actuar las autoridades y las organizaciones responsables de la contaminación si en la máxima ley federal de los Estados Unidos Mexicanos se incluyera en el artículo primero que la Naturaleza será sujeta de aquellos derechos que reconozca la Constitución? Entonces las autoridades estarían obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la Naturaleza (así, escrita con mayúscula al comienzo), porque se trataría de una persona jurídica, como si fuera una organización humana.

Asumir a la naturaleza como persona jurídica ha ocurrido en un puñado de países donde convergen comunidades indígenas con profundas raíces culturales en las que se concibe al entorno como un elemento fundamental de su historia y sobrevivencia en la Tierra, no como un recurso o materia prima que mueve a la economía, como sí la admiten las sociedades modernas.

La naturaleza, al considerarse como persona jurídica, tendría derechos como cualquiera otra organización humana lícita. Con ello se abre la puerta para la entrega de indemnizaciones destinadas a la recuperación de los hábitats, rehabilitación que garantizaría la sobrevivencia de las generaciones humanas presentes y futuras.

La cosmovisión de los pueblos ancestrales, los cuales veneran a la Tierra por ser la madre proveedora de agua, de alimentos y de refugio, ha contribuido para su aceptación como persona jurídica. La lengua quechua tiene una palabra que engloba aquel sentido: Pachamama, la Madre Tierra, donde todos y cada uno de los elementos animados e inanimados tienen una razón de ser y estar. La piedra, el arroyo, el ave, los insectos y el viento, cumplen una función armónica que posibilita la vida de los humanos.

Aun sin la visión cosmogónica de las naciones autóctonas, cada uno de los elementos de la Tierra hacen posible la permanencia de las sociedades actuales: la piedra extraída de los cerros es pulverizada para obtener cemento, yeso y cal usados en la construcción; los minerales desenterrados están en todos los elementos de uso cotidiano y en los más prósperos desarrollos científicos y tecnológicos; el agua empleada para la generación de electricidad y para abastecer a las ciudades e industrias proviene de los ríos y los mares. Todos son elementos imprescindibles que la Naturaleza provee y en cambio ¿qué le regresan las sociedades humanas por el aprovechamiento de estos recursos?

Montaña Arcoíris de Vinicunca en Perú. Foto: Archivo Siglo Nuevo

Si con el tiempo se ha disuelto el estrecho vínculo cosmogónico entre humano y naturaleza, en estos días se pretende reconocerle derechos mediante actos jurídicos, camino que emprendió Ecuador en 2008 al plasmar en su Constitución una serie de artículos que protegen a la Pachamama y con ello salvaguardan la existencia todos los seres animados e inanimados.

UNA CONSTITUCIÓN VERDE

La ubicación geográfica de la República del Ecuador es la razón de la mega diversidad existente en este país sudamericano. Se sitúa en el cinturón tropical sobre el equinoccio y recibe doce horas de sol cada uno de los 365 días del año. La Cordillera de los Andes cruza el territorio, que además posee una línea costera superior a los dos mil kilómetros; por ello las altitudes van desde el nivel del mar hasta los seis mil metros de elevación donde habitan aún trece etnias fuertemente vinculadas con la Pachamama.

Aquel país forma parte de la Amazonia al ocupar casi el dos por ciento de los siete millones 352 mil kilómetros cuadrados de la cuenca del río más caudaloso del mundo: el Amazonas.

La presencia de las culturas ancestrales en un territorio con amplia diversidad y la devastación ocasionada por las sociedades modernas, impulsaron las reformas a la Constitución de la República del Ecuador, la más vanguardista en ese sentido.

En la sección segunda de la máxima ley ecuatoriana se aborda el medio ambiente. “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”, dicta el artículo 86.

En la Constitución Política se establecen las funciones específicas del Estado para “promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes”. Como una estrategia para lograrlo se especifica el otorgamiento de estímulos tributarios “para quienes realicen acciones ambientalmente sanas”.

Para dejar en claro qué instituciones serán responsables de resarcir los daños ambientales, se concibió el artículo 91 en el que se indica que “el Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales (además) tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño”.

Cascada ubicada en los Andes de Ecuador. Foto: Archivo Siglo Nuevo

PROTECCIÓN DEL ESTADO

El reconocimiento de la Naturaleza como persona jurídica tuvo efectos en el proceso número 11121 del año 2011, cuando Richard Fredrick y Eleanor Geer Huddle exigieron la protección constitucional “a favor de la Naturaleza, particularmente a favor del río Vilcabamba, y en contra del Gobierno Provincial de Loja” por los impactos adversos que generó la ampliación de una carretera.

Esta contienda legal fue el primer caso exitoso de exigencia de los Derechos de la Naturaleza en el mundo. Richard y Eleanor se constituyeron como tutores del río afectado por las obras de la ampliación de la carretera Vilcabamba-Quinara, “la cual en su construcción depositó grandes cantidades de piedras y material de excavación sobre el Río Vilcabamba”. La obra pública no contaba con estudios de impacto ambiental y, aunque no se tenían claras las consecuencias de arrojar al lecho los desechos de piedra, arena y restos de árboles que fueron cortados, la autoridad intervino para prevenir posibles daños futuros.

La Corte Provincial de la ciudad de Loja falló a favor de la Naturaleza respaldada por la Constitución Política, estableciendo seis medidas de reparación que consistieron en la exigencia al gobierno provincial para presentar un plan de remediación y rehabilitación de las áreas y las poblaciones afectadas, “por consecuencia del bote lateral y la acumulación de escombros del material resultante”, se lee en la resolución.

Asimismo se exigió al propio gobierno la presentación de permisos ambientales, la implementación de acciones correctivas para evitar derrames de combustibles, limpieza del suelo contaminado por combustibles, la implementación de un sistema de rotulación y señalización, así como la ubicación de sitios de escombreras para el material resultante de la construcción, entre otras (resolución de la primera y segunda instancia, Función Judicial Loja, número de proceso 1112120220010). El ejemplo se reprodujo en otras naciones.

INFLUENCIA INTERNACIONAL

En 2017 el Parlamento de Nueva Zelanda, la “tierra de la gran nube blanca”, otorgó la categoría de persona jurídica al río Whanganui, el tercero más largo del país que ha sido venerado por los maoríes; desde aquel año son ellos quienes lo representan en los procesos judiciales.

Maoríes, etnia polinésica de Nueva Zelanda. Foto: Archivo Siglo Nuevo

Con la aceptación de los derechos y obligaciones del río, el Estado entregó una compensación total equivalente a 75 millones de dólares “para mejorar su salud”, publicó el portal La Vanguardia, donde agregó que “no es la primera vez que Nueva Zelanda reconoce el estatus de persona jurídica a un recurso natural, lo que ya hizo con el Parque Natural Te Urewera en la Isla Norte en 2013”.

El diario New Zealand Herald reprodujo la declaración del entonces ministro responsable de las negociaciones entre el pueblo maorí y el parlamento, Chris Finlayson, quien expresó: “Sé que algunas personas se inclinarán inicialmente a decir que es sumamente extraño dar a un recurso natural una personalidad jurídica, pero no es más extraño que un fideicomiso familiar o una compañía o una sociedad incorporada”.

Los ejemplos desde la decisión de Ecuador se dispersaron por el mundo. Bolivia en 2010 modificó sus leyes para redefinir sus depósitos minerales como “bendiciones” y designó a un defensor del pueblo y de la naturaleza.

Las políticas de Ecuador y Bolivia se consideran el génesis del “movimiento Pachamama” que se ha extendido a África subsariana, Australia, Canadá, India, Nepal, Nueva Zelanda, Reino Unido y algunas entidades de Estados Unidos.

Otro ejemplo concreto. En Colombia el río Magdalena fue declarado sujeto de derechos en 2019 por el fallo del juzgado primero penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, que respondió a la denuncia presentada por tres ciudadanos quienes señalaron el daño ocasionado por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. La resolución ordenó al Estado diseñar y conformar una comisión para vigilar que se cumplan los derechos del río.

La concesión de personalidad jurídica es la herramienta más novedosa que se ha utilizado para reconocer y proteger los derechos de la naturaleza en los ríos; es decir, que son sujetos de derechos consagrados legalmente y tienen la capacidad necesaria para demandar y ser demandados, celebrar contratos y retener propiedad a nombre propio”, escribieron Elizabeth Macpherson de la escuela de leyes de la Universidad de Canterbury y Erin O’Donnell, investigador de recursos, energía y leyes ambientales de la Universidad de Leyes de Melbourne.

Río Whanganui en Nueva Zelanda. Foto: Archivo Siglo Nuevo

En México sucedió algo similar, pues los estados han incluido estos derechos en sus constituciones”, declaró la abogada Gabriela Eslava, integrante del programa Harmony with Nature de las Naciones Unidas al referirse a la decisión tomada por el gobierno del estado de Guerrero, en 2014, que reconoce el deber de garantizar y proteger los derechos de la Naturaleza; lo mismo ocurrió en 2017 en la Constitución de la Ciudad de México, que incluye el reconocimiento de la Naturaleza como ente colectivo sujeto de derechos.

LA CARTA DE LA TIERRA, UNA PROPUESTA DE ACCIÓN

El 13 de enero de 2016, la Cámara de Diputados de la 63 legislatura federal de México exhortó a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Educación Pública, para que consideraran en el Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable los principios y valores expresados en la Carta de la Tierra. Al mes siguiente el congreso local de Durango estableció el punto de acuerdo para que el gobierno estatal y los 39 ayuntamientos de la entidad basaran sus políticas públicas “conforme lo establecido en el instrumento internacional denominado la Carta de la Tierra, con el fin de contribuir mediante las administraciones públicas a la formación de una sociedad más justa, sustentable y pacífica”, se lee en la Gaceta Parlamentaria de Durango.

La Carta de la Tierra es un documento elaborado hace dos décadas por individuos y organizaciones de 89 países; en ella proponen dieciséis principios para transformar la conciencia de la sociedad. Es un marco ético para encauzar la construcción de una “sociedad global más justa, sostenible y pacífica”, se lee en su página de Internet.

En cada región hay personas o grupos identificados como Punto Focal. En Durango es la doctora Amorita Ivonne Salas Westphal quien comparte el contenido de la carta para sensibilizar a las personas, a los gobiernos, a las empresas y “a quien me abra la puerta”.

Que las legislaciones federal y estatal de aquel entonces hayan reconocido al documento internacional, es una experiencia con alcances jurídicos, una plataforma que podría ir creciendo hasta convertir el reconocimiento de la naturaleza en una política pública; sin embargo al no tener aquel rango, en cada cambio de administración la doctora Salas Westphal tiene que recuperar terreno y sensibilizar a los nuevos gobiernos.

Foto: Flickr / Maksym Zhuravchik

Fue una experiencia en la cual la Carta de la Tierra se aprovechó como un instrumento, una ley blanda, hay otros ejemplos de magistrados validándola como un acuerdo universal”, aunque su referencia en los juicios depende de la sensibilidad del juzgador.

Para Salas Westphal el que aparezca la referencia del documento internacional en publicaciones oficiales de los tres niveles de gobierno, es un logro que sería muy difícil desandar cuando haya una renovación de las administraciones públicas. Sin embargo “tenemos que sensibilizar a la población porque quien ejecuta los principios de la Carta de la Tierra son los humanos”.

En México, continúa Amorita Ivonne, “los recursos naturales siguen siendo un bien que se puede explotar”. Este principio obedece a la cosmovisión del humano actual, desapegada a la naturaleza y con enfoques utilitarios.

El cambio de paradigma, en el cual sea la naturaleza el centro de la existencia y no el hombre, debe comenzar “desde la individualidad hasta la colectividad. No podemos concebirnos aislados no sólo de la Tierra, sino del universo. Sin importar la cultura o religión, la trayectoria evolutiva nos trae a lo mismo: al final somos polvo de estrellas. Como humanidad tenemos que recuperar esa visión ecológica y con la Carta de la Tierra buscamos que las personas vivan una experiencia transformadora. No ocurrirá un cambio mientras no exista esa transformación de la conciencia”, puntualizó.

Comentarios