En materia de energía vamos para atrás, pero no uno o dos años, sino cuando menos 30. La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de privilegiar la producción de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, eliminando o reduciendo al máximo la competencia y la inversión privada, nos devuelve a los tiempos de los grandes monopolios estatales que tuvieron un enorme costo para el país. Además, la decisión de imponer nuevamente controles de precios sobre los combustibles augura que sufriremos el tipo de presiones financieras que provocaron el desplome de la economía venezolana.
López Obrador prometió no modificar la reforma constitucional en materia energética que se realizó en nuestro país en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero está buscando borrarla simplemente cambiando reglamentos y órganos reguladores. Para el caso es lo mismo. El resultado será un retorno a los monopolios gubernamentales y a distorsiones muy costosas en la industria de la energía.
Lo curioso es que en el propio gobierno hay gente que se da cuenta de la importancia de promover la inversión privada en el país. “Si la inversión pública está etiquetada y el gasto público está restringido, lo único que tiene México para crecer es la inversión privada”, señaló el 24 de septiembre Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.
Las nuevas reglas del juego en energía, sin embargo, están hechas para desmotivar la inversión privada. Se han suspendido las licitaciones para nuevas plantas de generación de electricidad y para nuevas concesiones de producción de petróleo. Los reguladores deben ahora favorecer la producción de la CFE y Pemex, sin importar el precio o el daño al ambiente. El resultado será incrementar los costos de los energéticos y promover una mayor contaminación.
Estas reglas hacen virtualmente imposible que pueda producirse nueva inversión privada en energía en nuestro país. Ninguna empresa va a apostar recursos para construir una planta de generación de cualquier tipo si no sabe que puede vender la electricidad. Pero el gobierno está diciendo a los inversionistas que la CFE, que mantiene un virtual monopolio en la transmisión y distribución de electricidad, solo les comprará energía si ya no queda ninguna para adquirir de la propia CFE. Poco importa que la electricidad privada sea más barata y limpia, que eran los criterios que se aplicaban para la compra antes de la Cuarta Transformación.
El presidente quiere regresar a los tiempos del viejo PRI. En los años sesenta y setenta, que López Obrador considera fueron un momento paradisíaco en nuestra historia, la CFE y Pemex tenían un monopolio absoluto sobre la electricidad y el petróleo. El problema es que el gobierno cuenta cada vez con menos dinero para invertir. Los recursos que tiene en energía los está empleando para construir una refinería en Tabasco que ya sabemos perderá dinero. Pero lo que el sector privado no invierta en petróleo crudo o en nuevas plantas generadoras de electricidad, competitivas y limpias, ya no se invertirá.
Lo peor de todo es que el gobierno ha recurrido también a controles de precios. Anunció que no permitirá aumentos en la energía. La verdad es que los precios de los energéticos fluctúan mucho en el mundo. Congelarlos en el país al mismo tiempo que se restringe la inversión solo provocará una escasez artificial, como en Venezuela, que después de haber sido un gran productor de combustibles hoy es importador.
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