Negocios públicos
Opinión

Negocios públicos

Jaque Mate

El gigante español de la electricidad, Iberdrola, dio a conocer el 21 de octubre pasado los resultados de los nueve primeros meses de operación de 2020. En la presentación, el presidente Ignacio Sánchez Galán señaló que la corporación ha adquirido una nueva compañía en Estados Unidos, PNM Resources, por un monto de 8 mil 300 millones de dólares, incluyendo la nueva deuda asumida. Es una apuesta fuerte de una firma de un país relativamente pequeño en el mayor mercado del mundo. Cuando se le preguntó a Sánchez Galán sobre México, sin embargo, su respuesta fue contrastante: “Si el gobierno dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros, no lo haremos”.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le importa que las empresas privadas estén desistiendo de invertir en México. Su gobierno ha tomado una serie de medidas para evitar en el futuro la inversión privada en energía, pero además ha impulsado otras acciones que buscan cambiar de manera retroactiva las reglas para las inversiones. Esto es lo que rompe las reglas del juego de un estado de derecho.

A López Obrador no le preocuparle. “Tenemos que defender el interés público, tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación (dijo el 22 de octubre). A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. Los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos”.

Hay en esta idea, sin embargo, un error fundamental. El sector público no tiene por qué tener “negocios”. Su función no es impulsar empresas y atacar a las firmas privadas que pudieran ser competidoras. La razón de ser del gobierno es gobernar, establecer reglas claras y hacerlas cumplir, para que los ciudadanos puedan hacer negocios en un ambiente de claridad y equidad.

El error puede ser muy costoso para los mexicanos. Un gobierno que se dedica a hacer negocios descuida las necesidades de los ciudadanos que sólo el gobierno puede cubrir. Responsabilidades como la seguridad pública, por ejemplo, sólo las puede ejercer un Estado eficaz y bien organizado. Si bien el sector privado puede ofrecer servicios de salud y de educación, hay razones prácticas, y de equidad, para que estos provengan en buena medida del Estado. Pero no podemos decir lo mismo de servicios como la producción petrolera o la electricidad, que son mucho más eficientes cuando los ofrecen empresas privadas.

Al día siguiente de que el presidente de Iberdola anunció que la empresa no podría hacer ya nuevas inversiones en México, ante la negativa del gobierno de ofrecer reglas justas y claras, la Comisión Federal de Electricidad anunció que había colocado 10 mil millones de pesos en nuevos bonos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. No deja de ser paradójico, sin embargo, que un gobierno que se comprometió a velar por los pobres primero decida endeudar a su ya debilitada compañía estatal de electricidad para invertir en un servicio que podría proporcionar con mayor eficiencia y calidad una empresa privada, mientras deja sin recursos suficientes responsabilidades tan importantes como la salud pública y la investigación científica.

Tenemos un gobierno más interesado en hacer negocios que en cumplir sus funciones básicas como gobierno. Lo peor de todo es que es ineficiente para hacer negocios y está abandonando sus responsabilidades como gobierno.

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