“Vivas y libres”
Reportaje

“Vivas y libres”

Un grito que permanece en llamas

Al menos en los últimos tres años el reclamo de justicia por parte del movimiento feminista se ha intensificado en toda Latinoamérica. La creciente ola de violencia que se vive a diario en contra de las mujeres por el sólo hecho de serlo, ha detonado movilizaciones para exigir vida y libertad para el género, que al menos en México representa más de la mitad de la población.

Al menos desde el 2015 la crisis de seguridad en tierra azteca es latente, pero la realidad es que el Gobierno Federal sigue sin responder de manera adecuada.

De acuerdo con la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, en su Dossier: Pensar mujer y género en el siglo XXI, la socióloga Lucía Álvarez detalla que desde 2019 a la fecha, concretamente desde el mes de agosto de ese año, se ha presenciado “una creciente y vigorosa movilización de mujeres que han tomado el espacio público y han protagonizado uno de los movimientos más novedosos y radicales de las últimas décadas”.

El núcleo central de las demandas es el alto a la violencia contra las mujeres, el cual se ha vuelto en los últimos años mayormente visible, principalmente debido a que en México este sector poblacional enfrenta una clara descomposición del sistema social, político y jurídico, propiciando una imperante impunidad.

Cabe recalcar que el incremento en la tasa de feminicidios y su escasa atención por parte de los Ministerios Públicos es la punta de lanza de las movilizaciones, a las que se han sumado agravios y modalidades de violencia de género, la inequidad, la falta de oportunidades, la pobreza, entre otros.

A esta crisis, declarada en 1993 como un problema de salud pública por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se le ha sumado una nueva emergencia, la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), propiciando que las mujeres estén confinadas con sus agresores, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.

En un informe publicado en abril del 2020, la OPS recordó que la violencia contra la mujer tiende a aumentar en situaciones de emergencia, incluidas las epidemias, pues están expuestas a mayores riesgos. Ante este panorama, las mujeres desplazadas, las refugiadas y las que viven en zonas de conflictos son las mayormente vulneradas.

En ese sentido, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres México, concordó al señalar que “la situación de violencia se agrava en lugares donde la presencia de las instituciones se ve debilitada”, por lo que calificó como urgente poner a las mujeres en el centro de la reconstrucción de la sociedad.

Asimismo, dijo que “la situación por COVID ha provocado que haya más denuncias de mujeres que pueden estar experimentando violencia al interior de sus hogares… porque su acceso a los servicios de atención y protección se han visto debilitados”.

En esa misma línea, Héctor Domínguez Ruvalcaba, académico y especialista en las ramas de género y violencia en la cultura mexicana de la Universidad de Texas, detalló que la mayor incidencia de agresiones contra las mujeres se ha presentado históricamente en zonas donde persiste la presencia de cuerpos armados, sin importar si son fuerzas del orden o grupos criminales.

Los feminicidios aumentan en zonas de alta criminalidad y con presencia militar. Foto: Behance / Elliot Lim

Domínguez Ruvalcaba señala que, de acuerdo a investigaciones en colaboración con Patricia Ravelo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la presencia de narcotráfico, corrupción policial relacionada con trata de mujeres y militares, son factores que evidentemente aumentan los casos de feminicidios.

Ejemplificó el caso de Veracruz, que cuando el estado registró la mayor presencia del Cártel de Los Zetas (periodo anterior al 2015, según registros de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés) y por lo tanto mayor número de militares, hubo más casos de feminicidios, y esto comenzó a revertirse cuando la permanencia de esta organización delictiva comenzó a disminuir en la entidad.

Michoacán es otro caso de estudio de acuerdo a Domínguez Ruvalcaba, quien señaló que el CIESAS reportó que “en los municipios donde hay destacamentos militares hay más feminicidios”, contrario a las comunidades autónomas como es la comunidad indígena de Cherán, en el mismo estado, donde los feminicidios reportados son cero.

Los números son muy reveladores y es una de las hipótesis… ahí donde hay hombres armados, hay más feminicidios”, destacó.

Un año antes del estallido de la pandemia, de acuerdo a un reporte de US News & World Report, México cayó al puesto 60 de 80 en el ranking de los mejores países para ser mujer.

El clima hostil que impera sobre este sector nacional propició, de acuerdo con el reporte, que países como Arabia Saudita, Israel, Turquía y Kazajistán se posicionaran sobre México en materia de derechos humanos, igualdad de género, igualdad de ingreso, progreso y seguridad.

Actualmente, el país se ubica en el puesto 51, según el ranking del 2020, una ligera mejoría que no se refleja en la percepción colectiva de las mujeres mexicanas.

CIFRAS E IMPUNIDAD

A raíz del inicio de la Guerra contra el Narcotráfico en el sexenio panista de Felipe Calderón (2006-2012), México ha vivido una espiral creciente de violencia hasta alcanzar niveles nunca vistos en la época posrevolucionaria. Esta se agravó durante las administraciones del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el actual gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recopilada a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada el 25 de noviembre del 2020, dio fe de que las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresión son quienes residen en áreas urbanas (69.3 por ciento), entre los 25 y 34 años (70.1 por ciento), con nivel de escolaridad superior (72.6 por ciento) o bien, no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

Según la información estadística difundida por el Inegi, los principales delitos cometidos contra las mujeres son los relacionados con el abuso sexual y la violación, con un 42.6 por ciento y 37.8 por ciento respectivamente.

Los principales delitos cometidos contra las mujeres son violación y abuso sexual. Foto: Behance / Alfonso Perezacosta

En el periodo que comprende del 2013 a 2018, según la información del Inegi en su Censo de Impartición de Justicia Estatal, se destaca un aumento sostenido de los feminicidios registrados en las causas penales ingresadas, pues en el primer año mencionado hubo 291 casos, posteriormente en 2014 fueron 293, en 2015 reportaron 208 y para 2016 fueron 388; más adelante se dispararon en 2017 hasta alcanzar 560 casos y en 2018 hubo una ligera disminución con 536 asesinatos de mujeres.

La tendencia al alza también fue evidenciada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que contabilizó un total de 426 víctimas de feminicidio en 2015, en 2016 fueron 601, para 2017 se reportaron 766 y en 2018 al menos 906, de manera oficial.

El 2019 se convirtió en una pesadilla para las mujeres, pues datos del SESNSP mostraron que durante los 12 meses se registraron 968 víctimas de feminicidios confirmadas.

Ese año, las cinco entidades con mayor número de víctimas de feminicidios fueron Veracruz (163), Estado de México (125), Ciudad de México (68), Nuevo León (67) y Jalisco (56). En estos estados, en los últimos años ha habido un incremento en la actividad delictiva ligada a cárteles de la droga y organizaciones criminales como lo son el Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, Cártel del Noreste y Los Zetas.

Pese a estas cifras y la presencia de grupos criminales en esos estados, Domínguez Ruvalcaba recalca que no se le puede atribuir el mayor número de feminicidios al crimen organizado, pues la mayoría de los casos ocurren en el ámbito doméstico.

En ese aspecto, evidenció el caso de Estado de México: “no son precisamente las organizaciones criminales las que más recurren al feminicidio, sino la gente común de los barrios”.

Ante esto cuestionó: “¿Por qué no hemos podido parar esto si hemos estado trabajando de una forma u otra entre investigadores, agencias del Gobierno, ONG?”.

Domínguez Ruvalcaba aseguró que hay un punto central en este país: el Ministerio Público. Acusó “la corrupción de las autoridades encargadas de la impartición de justicia”, comentando que “son las que no están trabajando bien porque ahí hay todo un negocio de corrupción”.

Detalló que hay registros de casos en que, pese a que el victimario está señalado y hay pruebas en su contra, agentes de los ministerios públicos los buscan “para cobrarles dinero y de esta manera no pasen sus casos”.

Acusó que “se ha vuelto un gran negocio para las autoridades, el hecho de vender impunidad a estos criminales” y puntualizó que “el 99 por ciento de impunidad en el territorio nacional tiene su explicación ahí, en la criminalidad que ofrece la protección oficial” y que esto ya había sido denunciado desde el periodo de las muertas de Juárez (década de 1990).

El académico señaló que estos altos índices de criminalidad en contra de las mujeres se deben también a que “estamos en una cultura misógina, machista, que se ha potencializado gracias a que tenemos un Estado muy generoso con la impunidad”.

Los abusos contra la mujer se dan en su mayor parte de forma doméstica. Foto: Behance / Agnieszka Sozańska

Se hace porque se puede, se hace porque se aprende a hacerlo”, reviró, y dijo que de ahí viene la teoría del copycat, en el que el criminal imita a otros criminales.

En febrero del año pasado trascendió una propuesta de diputadas federales y de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, en la que se pretendía homologar las penas por feminicidio en todo el territorio nacional y que de esta manera se establecieran sanciones de 40 a 60 años de cárcel y hasta 500 días de multa en las 32 entidades.

Este proyecto, el cual no trascendió, consideraba plantear como feminicidio la muerte de una mujer cuando existiera una sola razón de género y datos de violencia en cualquier ámbito social o profesional. Entre otros cambios también se incluía la conducta con relación al cadáver, como su exhibición pública.

Esta propuesta nació a raíz de que el 28 de enero del 2020, Gertz Manero presentó una iniciativa para eliminar este tipo penal bajo el argumento de que para el Ministerio Público es difícil de acreditar.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), calificó en aquella ocasión la propuesta como “un gran retroceso” y acusó al fiscal general de “una evidente falta de sensibilidad”.

De igual forma, el OCNF apuntó que la propuesta no responde a un estudio diagnóstico previo que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las Procuradurías y Fiscalías de Justicia del país.

Señalaron en aquella ocasión que la Fiscalía no tiene elementos para sostener esa valoración, principalmente porque el feminicidio es un delito del fuero común.

Cuestionado sobre la importancia de esta reforma judicial, el académico dijo “que las leyes mexicanas son buenas y somos muy inteligentes para hacer leyes”, por lo que eso no le preocupa, “sino la aplicación de la ley”. ¿De qué sirve tanta ley bonita?”, sentenció.

Por su parte, Bélen Sanz dijo que “México ha tomado grandes pasos en la aplicación y creación de nuevas leyes” que permiten el acceso de las mujeres a la justicia, y expuso el caso de la Ley Olimpia, que tipifica y castiga la violencia sexual en espacios virtuales.

Al cuestionarle si considera que el Gobierno federal ha incurrido en omisiones, la representante de la ONU Mujeres en México dijo que este “ha venido haciendo un esfuerzo importante por atender la situación de violencia contra las mujeres y la desigualdad en general”.

Sanz Luque dijo que la oficina de las Naciones Unidas “ha sido testigo del avance que ha habido en materia de acceso a la justicia, incluyendo la reforma a la Ley General de Acceso a Víctimas”, pero dejó claro que falta “profundizar estos cambios, acelerar el paso, poner mayor énfasis con relación a todo lo relacionado con la prevención de la violencia, combatir la impunidad y esto compete a todas las instituciones y órdenes de Gobierno”.

En 2020 se propuso homologar las penas por feminicidio en todos los estados, pero es algo que todavía no se concreta. Foto: Behance / Elliot Lim

Sobre la importancia de un código penal único que castigue los feminicidios, la representante dijo que esta justamente fue una recomendación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en 2018, en materia de acceso a la justicia.

La ONU Mujeres México señaló que creen que esta “es una forma que ayudaría al país a avanzar rápidamente en dos sentidos: Por un lado en la completa armonización en la tipificación de feminicidios en todos los estados de la República, y que evitaría que no estuviera sujeto a definiciones específicas de cada entidad […] Sobre todo que se implementen medidas de investigación, de sanción, que garanticen una homogeneidad”.

Sobre la impunidad imperante en los ministerios públicos y su necesidad de reforma, Sanz Luque dijo que “el marco de refuerzo que ha de llevar cada Estado (perteneciente a las Naciones Unidas y enmarcado en los compromisos internacionales que ha asumido México), hay unas recomendaciones muy claras (para la Administración federal) en materia de reforzar la capacidad de sus servidores públicos para la protección de las mujeres”.

Detalló que esto incluye a las Fiscalías Especializadas que se pudieron crear para la atención a víctimas por cuestiones de género y que éstas “tengan los espacios propios para las mujeres” y “que los protocolos de investigación que deben utilizar los ministerios públicos tengan la inclusión desde una perspectiva de género”.

Por eso, puntualizó, “nos interesa volver a los estándares internacionales con los que México se ha comprometido… y que se capacite de manera sistemática y obligatoria a todos los jueces, defensores públicos, agentes de policía y con ello se garantice una atención adecuada a esta problemática”.

Recalcó que “sin duda es una tarea que compete a todas las instituciones del Estado y que compete al poder Ejecutivo, pero también al Judicial y Legislativo”.

Se trató de contactar a la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República a través de solicitudes de entrevista y cuestionarios formulados para obtener declaraciones sobre la tipificación homologada del feminicidio y la necesidad de una reforma a los ministerios públicos, sin obtener respuesta.

DEMANDAS Y HARTAZGO

La reciente ola de movilizaciones feministas podría estar marcada por dos etapas, ambas con origen en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde una ellas destaca por manifestaciones esporádicas en el periodo que comprende del 2017 al 2019 en el interior de la máxima casa de estudios del país.

Estas movilizaciones destacaron por los feminicidios de dos alumnas de bachillerato pertenecientes a la universidad (Lesvi Berlín Orosio y Miranda Mendoza Flores) cuyos cuerpos fueron expuestos, así como la exigencia de un mayor presupuesto y disposición para garantizar la seguridad del alumnado dentro de las instalaciones.

El feminicidio de Lesvi Osorio fue de los primeros que generaron movilizaciones en México. Foto: latinomediacollective.com

Estos sucesos se vinculan con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer en los dos primeros años.

Posteriormente se sumaron las movilizaciones del 2019 de #MeToo con la implementación de paros en algunas escuelas y facultades de la UNAM, así como la celebración de asambleas y presentación de denuncias sobre presuntos agresores, violadores y encubridores pertenecientes a la comunidad universitaria.

El comienzo de la segunda etapa (2019) podría considerarse cuando manifestantes universitarias salieron de la UNAM para exigir justicia por la violación de una mujer a manos de elementos de la Policía de la Ciudad de México; en aquella ocasión las protestas estuvieron abanderadas con el hashtag #NoMeCuidanMeViolan, lo que generó una creciente participación de grupos externos a la casa de estudios y entre sectores de mujeres en la capital mexicana.

En aquella ocasión, la movilización fue conocida como “La marcha de la diamantina”, porque las mujeres manifestantes, emulando la brutalidad policíaca, rociaron con diamantina morada a las fuerzas del orden que se encontraban congregadas en el Ministerio Público. Fue a partir de esta marcha que el movimiento se intensificó y amplió a otros colectivos en diversas entidades del país.

Para los meses consecuentes las manifestaciones evolucionaron. A los paros dentro de la universidad se les sumaron los “tendederos”, en los cuales se exhibían fotografías de presuntos agresores identificados y posteriormente inició la circular de un pliego petitorio en el que se puntualizaban sus demandas.

Con ello, las estudiantes de la UNAM lograron consolidar las asambleas y los colectivos, y a través del pliego petitorio demandaron que el estatuto de la universidad fuera modificado para que se reconociera la violencia de género como una falta grave, la destitución de autoridades por complicidad y omisiones, reapertura de casos de denuncia insatisfactorios, la formación de una Comisión tripartita de Unidad de Atención a la Violencia de Género en las escuelas y facultades de la universidad y cursos de género en los planes de estudio a nivel licenciatura.

A estas se le sumaron la impartición de talleres con perspectiva de género y feminista para personal docente, el acompañamiento psicológico de las víctimas de violencia, la no condena de la protesta gráfica, el seguimiento puntual a las demandas de violencia de género al interior de la UNAM y la asignación de espacios para actividades de las mujeres organizadas de la universidad.

El 12 de febrero del 2020, el rector de la UNAM, Enrique Graue, respondió al pliego petitorio y aseguró que “todas las solicitudes son aceptables y están dentro de la normatividad universitaria”.

Cabe destacar que de forma paralela a las demandas de las universitarias, entre los meses de octubre y noviembre del 2019 y febrero del 2020, son convocadas nuevas manifestaciones, las cuales subieron el tono de la demanda colectiva de las mujeres.

El despliegue feminista por las principales arterias de la Ciudad de México y el resto del país en la marcha del día de San Valentín 2020 recrudeció tras los feminicidios de Ingrid Escamilla de 25 años, a manos de su pareja sentimental Francisco Robledo de 46 años, y cuyo caso marcó la brutalidad de la que fue objeto tras la divulgación de fotografías del asesinato; así como el caso de Fátima, una menor de siete años de edad que fue secuestrada, violada y asesinada por un hombre cercano a su familia, esto luego de ser llevada con engaños a una vivienda que no era la suya al momento de salir de la escuela donde estudiaba.

Foto: koutipandoras.gr

Las principales consignas de esa marcha rezaban “Vivas nos queremos”, “Ni una menos”, “La patria mata”, “México feminicida”, “Disculpe las molestias, pero nos están matando”, “Yo sí te creo”, “El estado opresor es un macho violador”, entre otras. El ímpetu e ira, ya latentes en las manifestantes, estalló en la intervención de espacios públicos, como lo fueron el Ángel de la Independencia, Palacio de Bellas Artes y las puertas del Palacio Nacional, con pintas y daños generalizados a la propiedad pública.

Fue a esta fecha que las mujeres, dentro y fuera de la UNAM, asumieron de manera más clara el uso de la fuerza como herramienta legítima para la “negociación” de las demandas del movimiento feminista en México, pues buscan “arrancar” a las autoridades e instituciones, acuerdos, reformas y compromisos tangibles a largo plazo que garanticen las exigencias que se plantean.

Esta forma de protesta, la cual ha sido calificada como provocadora, obtuvo respuesta satisfactoria ante las autoridades universitarias de la UNAM, que se vieron obligados a ceder a las demandas de su alumnado femenino. No obstante, autoridades del Gobierno federal y el propio presidente López Obrador han mostrado un marcado distanciamiento y desentendimiento de las demandas colectivas de las mujeres en más de una ocasión.

Declaraciones de López Obrador han minimizado el movimiento y, pese a reconocer que hay un aumento sostenido en la violencia de género y los feminicidios en México, pidió encauzar la demanda social a través de “una cultura de paz”, la “manifestación pacífica” y el respeto al patrimonio.

Ante esto, las “rupturas” en las estrategias para demandar acciones concretas se vieron reflejadas en el impacto que las autoridades tanto gubernamentales y universitarias tuvieron tras una constante evolución de la protesta feminista.

Belén Sanz señaló en ese aspecto que “se debe de ser muy serios a la hora de escuchar las demandas legítimas de todas las mujeres y que están diciendo claramente cuales son sus demandas y exigiendo su espacio así como una transformación real”.

Puntualizó que “no podemos seguir viviendo en un mundo con la discriminación que enfrentan las mujeres a diario”.

Por su parte, Domínguez Ruvalcaba recalcó que esta situación en la que derivó el movimiento feminista es producto de “una falta de madurez en la sociedad”.

Igualmente recalcó que “actuamos mucho con agenda política cuando protestamos” y se dijo extrañado. “No entiendo por qué vamos a protestar a la Comisión Nacional Derechos Humanos y no a la Suprema Corte, a la Fiscalía o a los ministerios públicos”. ¿Por qué pegarle a Derechos Humanos y no a la Fiscalía?”, puntualizó.

En ese sentido citó a Edgardo Buscaglia, especialista en temas de jurisprudencia por la UNAM y académico en Nueva York, al señalar que “en México las protestas son de lo más extraño, van y gritan al Palacio Nacional cuando deberían gritar al Congreso”, y reviró al señalar que “el activismo no está direccionado hacia donde debe estar”.

Domínguez Ruvalcaba aseguró que el activismo “está muy sometido a caprichos de liderazgos, que yo no sé de dónde vienen”, y en ese sentido prevé que “no nos hemos articulado bien como sociedad civil en una gran fuerza que vaya hacia donde está el problema”.

Foto: verdemoscu.eu

Asimismo señaló que para el actual Gobierno federal, el movimiento feminista y el movimiento LGBT+ son las piedras en el zapato de López Obrador, pues “se han puesto atrás, se han hecho a un lado y no son prioritarios”.

Consideró que la creciente exigencia social no frenará hasta que haya una atención adecuada a las demandas colectivas, sin embargo. Teme que al igual que con los grupos feministas, las voces de los especialistas no sean escuchadas para la atención de las problemáticas que aquejan en el país.

Ante esta situación, sentenció que “no hay una voluntad por parte de este Gobierno para implementar una política de género” y rechazó que esta Administración federal pueda considerarse de izquierda, pues “la izquierda moderna es una izquierda de género en todo el mundo”.

Domínguez Ruvalcaba rechazó inclusive que “este Gobierno esté actuando siquiera liberal”, pues aseguró que “hay mucho conservadurismo ahí” y acusó el papel político que ejercen las Iglesias al considerar que “están frenando muchas de las iniciativas que deberían estar en la mesa”.

Aseguró que “no hay todavía un plan muy efectivo que pueda definir cómo México va a salir de todo este atolladero”.

El especialista hizo referencia al 10 de marzo del 2020, un día después del histórico “Un día sin nosotras”, donde López Obrador aseguró que su estrategia de seguridad no cambiaría para la atención a la violencia de género, sino que sólo se “reforzaría”.

En aquella ocasión, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que se seguiría con lo mismo, “atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, que se evite la desintegración de la familia”; de igual forma subrayó que también resistirían a “los ataques de conservadurismo”.

Un año después, las declaraciones del titular del Ejecutivo se han mantenido en la misma línea pese a la creciente demanda e innumerables protestas feministas.

La demanda actual de las mujeres se centró también en el ámbito político, a menos de 100 días para las elecciones intermedias de México, considerada la más grande del país, luego de que el partido Morena validara la candidatura para el estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, ex senador de la República que enfrenta tres procesos legales por violación.

Con las consignas “Rompa el pacto”, mujeres del país exigieron en días previos a la marcha del 8M de este año la anulación de su candidatura, pero, Morena y el presidente defendieron su postulación. Cabe recalcar que se realizó una nueva encuesta al interior del partido para definir la postulación, donde volvió a ser nombrado como el abanderado para ese estado.

Como respuesta a las consignas feministas, el presidente descalificó el movimiento y dijo que “hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico, una lanzada en todos los programas de radio, la prensa, en contra de Félix Salgado Macedonio, y yo lo que planteo es preguntarle al pueblo de Guerrero, ¿Y por qué ahora esta campaña? ¿De parte de quién?”, y sentenció: “entonces como dicen algunos, ya chole”.

Protesta feminista frente a Palacio Nacional el 8 de marzo de este año. Foto: Twitter.com

La relación entre López Obrador y las feministas está marcada por la tensión. En poco más de dos años, la Administración federal ha minimizado la violencia de género y acusado al movimiento de ser utilizado para atacar su gestión, esto pese a su insistencia en que se trabaja para erradicar la violencia de género.

Días previos a la marcha del 8M de este año, el presidente aseguró que pese a la pandemia por COVID-19 no habría restricciones para salir a manifestarse, no obstante las críticas y la indignación por parte de las mujeres se volvieron a hacer presentes cuando se inició el blindaje de la Ciudad de México, principalmente del Palacio Nacional.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, calificó las vallas metálicas como el “Muro de la paz” que pretendía cuidar a los mexicanos y no reprimir.

En esa misma línea, López Obrador dijo que si “no ponemos la valla y entonces hay que poner a granaderos, mujeres u hombres, frente a frente. Es exponer la vida de quienes se están manifestando, quienes están protestando y también de servidores, servidoras públicas. Entonces, es prevenir".

Dos días previo a la marcha, colectivos feministas intervinieron las vallas metálicas con los nombres de mujeres víctimas de feminicidios, como respuesta a lo que consideraron una táctica de terror por parte de la Presidencia.

El día de la manifestación la tensión se hizo presente en dos momentos: con el uso de la fuerza pública para contener a las manifestantes, la cual fue rechazada por el Gobierno de la Ciudad de México, mujeres derribaron al menos seis vallas del llamado “Muro de paz”, sin embargo las feministas no consiguieron acercarse al Palacio Nacional.

Otro momento clave del uso de la fuerza fue cuando se denunció, a través de redes sociales, el uso de “francotiradores”, quienes se encontraban en la azotea del Palacio Nacional. Horas más tarde trascendió que el arma empleada no se trataba de un fusil, sino de un desactivador de drones, no obstante, en testimonios recopilados por la cadena CNN, colectivos feministas denunciaron que eso provocó una mayor tensión y enfado en la manifestación.

Bajo la intimidación gubernamental, mujeres mexicanas conmemoraron el 8 de marzo con una movilización a nivel nacional para exigir garantías de seguridad y alto a los feminicidios en un país donde, de acuerdo con la ONU Mujeres, se reportan al menos 10 casos diarios de feminicidios.

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