Juzgar al juzgador
Opinión

Juzgar al juzgador

Jaque Mate

El presidente López Obrador ha mostrado su molestia con los jueces que han otorgado suspensiones contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica. De hecho, ha señalado que pediría al Consejo de la Judicatura Federal que “revise el proceder” de los juzgadores que tomen decisiones contrarias a su contrarreforma y que él considera sólo tratan de defender a las empresas privadas afectadas por la legislación.

Cualquier presidente considerará que todo lo que ordene es correcto. López Obrador no es la excepción. Pero como muchas veces las acciones de los gobernantes son imperfectas, los países democráticos han establecido sistemas de división de poderes. En México estos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los mismos que propuso el barón de Montesquieu, uno de los grandes pensadores de la Ilustración, y que hoy son la norma en todos los países democráticos.

Preocupa que el presidente pretenda dar instrucciones a la Judicatura Federal, porque esto es un rompimiento de esta preciada división de poderes. Más inquieta que busque presionar a los jueces para que fallen de conformidad a sus deseos.

Para ningún jurista será sorpresa que los tribunales hayan considerado inconstitucionales la Política de Confiabilidad del Sector Eléctrico Nacional y la Ley de la Industria Eléctrica. Son notoriamente inconstitucionales. A raíz de la reforma constitucional del 2013, la carta magna garantizó un sistema de libre competencia en materia energética sobre la que se construyeron reglas que permitieron la realización de decenas de miles de millones de dólares en inversiones. El gobierno de López Obrador busca ahora cambiar esas reglas de manera retroactiva, pero sin enmendar la Constitución. Esto hace inevitable que los jueces declaren que las nuevas reglas son inconstitucionales.

El presidente prometió en campaña que no haría una contrarreforma energética. No quería ahuyentar la inversión productiva, pero también sabía que difícilmente tendría una mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso que le permitiera cambiar la Constitución. López Obrador ha tratado así de hacer una contrarreforma sin enmendar la carta magna, pero el resultado es que sus medidas han sido declaradas legales. El mandatario espera que las elecciones de junio de este año le den la mayoría calificada que le permitirá cambiar la Constitución cuando se le antoje, pero mientras tanto los jueces están fallando conforme a la ley.

La reacción del presidente, sin embargo, ha sido descalificar a los jueces de amparo. Peor aún, ha presionado a la Judicatura Federal para que investigue a los jueces que se atrevan a desobedecerlo. Busca infundir miedo entre los juzgadores.

La contrarreforma eléctrica es muy perjudicial para el país. Obliga a la compra de energía más cara y sucia solo porque la genera la Comisión Federal de Electricidad. También cambia de manera retroactiva las reglas que se aplicaban al mercado energético, lo que puede borrar la rentabilidad de muchas plantas privadas de generación y manda el mensaje de que en México no se respetan las reglas.

Pero más que la contrarreforma, con todos sus daños, preocupa la presión que el presidente está ejerciendo sobre los jueces en un esfuerzo por anular su independencia. Eliminar la autonomía del poder judicial para someterlo al ejecutivo solo nos llevará a una dictadura.

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