La crisis del Conacyt
Ciencia

La crisis del Conacyt

Desvinculación ciencia y tecnología

La emergencia sanitaria del COVID-19 ha repercutido para que se realice una evaluación de diferentes órganos gubernamentales, tal es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este organismo público dejó entrever irregularidades e inconformidades por parte de sus becarios, aunado al descontento de la propuesta para la reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología, donde diversos medios del país manifestaron la insatisfacción de algunos académicos de la comunidad científica.

¿QUÉ ES EL CONACYT Y CÓMO FUNCIONA EL APOYO ECONÓMICO?

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo público descentralizado creado en 1970. Goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, además de que cuenta con patrimonio propio y personalidad jurídica. Actualmente, quien lo dirige es la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces desde el 2018. Por su parte el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado en 1984 por un Acuerdo Presidencial en el Diario Oficial de la Federación en aquel entonces. La intención de su fundación era clara: reconocer la labor de las personas dedicadas a la producción y divulgación del conocimiento científico y tecnológico en el país. Con su respaldo los científicos contarían con apoyo para la promoción, fortalecimiento y calidad de innovación de los posibles aportes en diversas áreas científicas.

En cuanto a la distribución e inversión para el fomento científico y tecnológico, el Estado debe de invertir un 8 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) en educación y de ese porcentaje, sólo el 1 por ciento se destina al aporte en ciencia y tecnología a la instituciones superiores públicas del país, en otras palabras, el Conacyt es el encargado de distribuir los apoyos económicos a los investigadores.

Sin embargo, es importante resaltar que el hecho de financiar cierta cantidad de PIB a la investigación científica no es sinónimo de calidad o de producción. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la inversión para la ciencia y tecnología se mide en Dólares de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA en inglés). Algunos ejemplos sobre la situación de otros países en cuanto a la materia, serían los casos de Japón y Estados Unidos. El país nipón ocupa el primer lugar en inversión científica y tecnológica con un financiamiento del 3.4 por ciento de PIB, el cual serían 169, 554.1 millones de dólares PPA; mientras que el segundo país un destina un 2.7 por ciento de su PIB, es decir, 476, 459 millones de dólares PPA.

Foto: Behance / Katya Dorokhina

Según datos de la Unesco, México invierte un 0,4 por ciento de su PIB a pesar de que la ley estipula la inversión de por lo menos el 1 por ciento, o sea, la cantidad equivalente a 9, 458.5 millones de dólares PPA. El desglose de esta cifra lo encabezan las universidades públicas con 4,617.5 millones de dólares PPA, luego le sigue el gobierno con 3,058.3 millones, después el sector privado empresarial con 1,688.1 millones, y al final el monto privado sin fines con 94,576.5. Según las cifras, las instituciones de educación superior y el gobierno federal son los que más invierten en la producción de conocimiento, sin embargo, no hay una alianza completa entre ambos actores.

REFORMA A LA LEY CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El 6 de noviembre de 2020 se reformó la Ley de Ciencia y Tecnología y en su última actualización se destaca derrogamientos en diversos artículos; como del 23 al 28, los cuales establecían distintos puntos a tratar: desde realizar convenios con Secretarías de Estado y Entidades de Administración Pública o aportes de personas físicas y morales, mismos aportes deducibles de impuestos, situación que ya nos se podrá llevar a cabo.

En la reforma del artículo 35 se estable la posibilidad de acciones de coordinación entre Centros Públicos de Investigación y apoyo de gobiernos de entidades federativas a través de la prestación de servicios, creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento que les convenga a ambos sectores, siempre y cuando las universidades y las instituciones locales sean parte de la misma celebración de los convenios. A comparación con la reforma del 2002, todas estas acciones se realizaban por fideicomisos.

También ocurre el caso del artículo 50, donde se establecía el uso de fideicomisos para establecer los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico, los cuales ya no va a tener cabida dentro de la inversión científica y tecnológica. También se reformó el artículo 54, punto ligado al artículo el cual estipula sobre los ingresos generados por los centro públicos de investigación: así como cualquier tipo de resultado de las investigaciones, la inversión será destinada a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno, sin la necesidad de establecer un este tipo de contrato fiscal.

Foto: Freepik

¿Y LOS FIDEICOMISOS?

El hecho de eliminar los fideicomisos no sólo para el área de la ciencia de la tecnología, sino para el cine, deporte, campo, víctimas, etcétera, será directamente manejado por la Secretaría de Hacienda, lo cual puede suponer una ventaja, que activaría acciones como eliminar situaciones de poco o nula transparencias. Por ejemplo, el 22 de octubre de 2018, según un articulo del El Horizonte, el Conacyt reveló que se vio beneficiado con millones a través de la iniciativa privada en el periodo de 2013 y 2018, en total se sumó la cantidad de 15 millones de pesos transferidos desde un fideicomiso.

Sin embargo también existen en su mayoría desventajas, por ejemplo, la falta de transparencia con la cual se va a gastar el presupuesto para cierto sector de la nación, asimismo existen fondos relacionados con acuerdos internacionales como los suscritos en materia de medio ambiente y cambio climático, mismos vinculados al Acuerdo de París o la cooperación con Centroamérica.

SITUACIONES

La pandemia ha mermado las becas en el extranjero de estudiantes de doctorados y maestrías. En el 2020 se destinó un presupuesto de 19.485 millones de pesos (809 millones de dólares) para la organización y 6.174 millones de pesos (256 millones de dólares) a los centros de investigación. Además, Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), calculó que la reserva de fondos para becas fue de poco más de 10 millones de pesos, es decir, unos 400.000 dólares. Por ejemplo, ese centro congrega a más de 600 alumnos y 120 profesores y además el dirigente reconoció la posibilidad de suspensión de becas para estudiantes de escasos recursos.

Otra situación que se presentó fue en diciembre de 2020, cuando muchos de los becarios de Conacyt que empezaron su posgrado ese año no recibieron el apoyo suficiente en tiempo, en forma y de manera completa. Por ejemplo, se plantea la situación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quienes en la Maestría de Ciencias Sociales, cuenta con 27 alumnos de los cuales, 15 obtuvieron sus pagos correspondientes mientras que otros siete no tuvieron sus pagos regulares y los 5 restantes no recibieron nada.

Las diversos factores como la pandemia, la situación financiera, las reformas de ley, la eliminación de los fideicomisos y el presupuesto entre este órgano regulador de la ciencia supone una flaqueza dentro de la coordinación entre el personal científico como los órganos gubernamentales. Hubo y hay debilidades dentro de la coordinación del programa y entre sus becados se espera que en un futuro se pueda solucionar por el bien de la investigación y de esa manera los resultados de las investigaciones beneficien al pueblo mexicano.

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