Finanzas verdes
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Finanzas verdes

Inversiones contra el cambio climático

En marzo de 2021, el gobierno de México realizó cambios sustanciales a la Ley para la Inversión Energética. Entre las actualizaciones, la más significativa habla del derrogamiento del fideicomiso para la inversión de energías sustentables. A simple vista, este acuerdo implicaría una medida para reforzar la transparencia de las finanzas de la nación, pero acarrea una serie de problemas cuando una entidad desea invertir en energías alternativas. El resultado: un desaprovechamiento de innovaciones en energía limpia y una mutilación a las finanzas verdes.

Al hablar de este tipo de inversiones, se hace referencia a un significado abarrotado de matices y aristas. El término se resume en cualquier tipo de aportación económica destinada a proyectos vinculados con el desarrollo sostenible.

Las finanzas verdes pueden acarrear grandes beneficios, como la creación de políticas ambientales y la elaboración de productos sustentables focalizados en el desarrollo de la economía. Los proyectos dentro de la gama de las finanzas verdes son principalmente aquellos enfocados en la energía renovable, eficiencia energética, prevención y control de contaminación, conservación de la biodiversidad, así como la implementación de iniciativas de economía circular, proyectos de movilidad social y usos sostenibles de los recursos naturales.

Dentro del término, también se incluyen las finanzas climáticas, es decir, las inversiones de origen local, nacional o transnacional, ya sea de índole pública o privada, cuyo objetivo es evitar lo mayor posible las emisiones de gases de carbono para evitar los efectos adversos del cambio climático. Además abarca las finanzas sustentables, las cuales hacen referencia a cualquier tipo de valor, flujo de recursos o activos financieros (ya sea a través de bancos, inversiones o seguros), sujetos a una agenda ambiental, social o económica; es decir, se apegan a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se conforman de siete metas en torno a las materias de bienestar social mundial proyectadas para el 2030.

En países de América Latina, como México, aún hay trabas legales para la inversión energías alternativas. Foto: Freepik

SISTEMA

El concepto de finanzas verdes no tiene mucho tiempo de haberse catalogado. A partir del siglo XX y con los cambios históricos traídos de toda una época, el mundo de la economía se adaptó a las necesidades sociales. Fue a partir de ese momento cuando se visualizó la posibilidad de las aportaciones filantrópicas, en otras palabras, donaciones de origen privado a sectores menos favorecidos, principalmente enfocados en la movilidad social. Otra transformación fue la mezcla de las finanzas públicas y privadas, con la finalidad de obtener resultados eficientes al momento de realizar una inversión, por ello, las donaciones comenzaron a tener mayor auge.

A mediados de ese siglo, el cambio climático comenzó a tener un papel protagónico, pero no es hasta finales de ese periodo y principios del siglo XXI cuando se trataron de buscar soluciones con las que se pudiera obtener una mayor remuneración y adquisición de capital, sin dejar de lado la efectividad de los proyectos contra el problema climático. En la actualidad, este modelo de finanzas verdes ha crecido, tiene un considerable éxito y un auge significativo, porque ha desembocado en propuestas benéficas tanto para los inversores, los usuarios y el medio ambiente. Los sectores privados y públicos tienen un campo abierto para invertir en esos mecanismos sustentables.

Los proyectos verdes enfocados al cambio climático tienen un funcionamiento en cadena. Empiezan con una entidad que aporta capital para comenzar una inversión específica. Una vez consolidado el proyecto y al haber resuelto las múltiples posibilidades y contraposiciones para llevarlo a cabo, esa entidad se asocia con otros agentes (privados o públicos), quienes realizan las acciones. De esa manera, la inversión se transforma en ganancia y, a su vez, en una solución o innovación dentro de la materia, beneficiando a los usuarios y, sobre todo, al ambiente.

AMÉRICA LATINA Y MÉXICO

En Latinoamérica, la mayoría de los proyectos financiados por capital verde se han enfocado en resultados dentro de la movilidad social, inversiones con las que la población se ha visto beneficiada de forma significativa. Algunos de los métodos empleados son, además de los préstamos verdes, las hipotecas, leasing e incluso tarjetas de crédito verdes. Como sus nombres lo indican, son servicios con la condicionante de ser empleados en materia de bienestar social y ecológico. Dentro de las estrategias de inversión también existen los bonos verdes, es decir, fondos destinados exclusivamente a proyectos pertenecientes a la misma rama.

La gama de productos financieros verdes es amplia. Foto: Freepik

Una de la entidades privadas más representativas en cuanto a las finanzas verdes es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual tiene una amplia gama de inversiones en América Latina, con aportaciones de diversa índole como préstamos, donaciones, garantías y financiamiento. El flujo económico viene de suscripciones y colaboraciones por parte los países miembros, o sea, el capital sigue fluyendo en un sólo sitio y es utilizado según la naturaleza del proyecto. En su agenda se suman varios países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Perú y Jamaica.

En México (y varios países de América Latina), el financiamiento verde tiene algunas complicaciones en torno a las estipulaciones sociales. Dentro del país hay diversas compañías que tienen el sello de verde o socialmente responsable, las cuales no necesariamente están obligadas a invertir capital para este tipo proyectos. A pesar de ello, muchas entidades privadas buscan mitigar el impacto climático provocado por su línea de producción, aunque esto no siempre acarrea resultados positivos notables.

Es importante aclarar que para llevar a cabo este tipo de financiamiento con mayores resultados visibles a la larga, los organismos públicos y privados deben poseer una coordinación económica sólida. Los impedimentos para la sustentabilidad en las finanzas verdes son, en su mayoría, las leyes o las barreras sociales que, en vez de aportar, limitan a estas inversiones. A pesar de ello, el financiamiento verde, en algunos casos, logra superar barreras como los marcos regulatorios, las brechas tecnológicas o el escaso diálogo por parte del sector público al momento de medir la sustentabilidad de las inversiones. Por ello, es necesaria la visualización a largo plazo en torno a los posibles financiamientos verdes esperados en el futuro, además de la posibilidad del uso y comercialización de nuevos tipos de energías. No sólo implicaría un beneficio para el país, también lo sería para la población en general y, por ende, para los escenarios ecológicos de México.

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