“Prensa, no disparen”
Reportaje

“Prensa, no disparen”

El acto de informar en democracias debilitadas

El periodismo es imprescindible para la vida en una sociedad libre, es contrapoder y fiscalizador del poder, pues el ejercicio democrático requiere de firmes contrapesos que obliguen a todos aquellos que están en el ojo público, a rendir cuentas.

Los abusos de poder no son monopolios exclusivos de dictaduras, y en ese contexto se encuentra América Latina, y en menor medida lo vivió Estados Unidos durante el mandato del expresidente Donald Trump.

Si bien es cierto que regímenes autoritarios han estado cobrando fuerza en la región latinoamericana y caribeña, también en ese auge al alza se encuentran Gobiernos de derecha o izquierda, cuyos líderes amasan más poder a costa de descalificaciones a instituciones autónomas, y restando poder a los Poderes legislativos y judiciales.

Brasil y México son casos de estudio por parte de analistas, politólogos, sociólogos, entre otros. En el gigante sudamericano, el presidente Jair Bolsonaro, un conservador capitán de la Armada brasileña en retiro, ha desdeñado contra las instancias electorales, parlamento y togados de su país, proliferando teorías de un supuesto robo electoral en los próximos comicios generales del 2 de octubre del 2022, en los que se elegirá al titular del Ejecutivo y vicepresidente, así como al Congreso Nacional.

El militar retirado inclusive ha mostrado su apoyo a la dictadura militar brasileña, cuyo golpe de estado, el 31 de marzo 1964, derrocó al entonces mandatario João Goulart, para poner en el banquillo presidencial a Humberto de Alencar Castelo Branco.

Los embates de Bolsonaro inclusive se han expandido hacia la prensa, y como resultado de ello, la organización no gubernamental internacional, Reporteros Sin Fronteras, informó en septiembre de 2021 que Brasil ocupa el puesto 111 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, y se ha situado, por primera vez, en la zona roja del ranking.

El 2 de julio de 2021, Reporteros Sin Fronteras incluyó al presidente Bolsonaro en su lista global de depredadores de la libertad de prensa.

De esta lista, Jair Bolsonaro es el único mandatario latinoamericano electo democráticamente, pues comparte lista con los dictadores Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua.

Reporteros Sin Fronteras lo clasifica como “Depredador desde que llegó al poder”, al utilizar métodos de descalificación contra periodistas que van desde los insultos, humillaciones y amenazas.

Jair Bolsonaro se autoproclamó “candidato antisistema” y dejó de lado a los medios tradicionales y ganó terreno gracias a las redes sociales, un espacio en el que su discurso y sus ideas encontraron un eco considerable.

Desde que asumió el cargo, el trabajo de la prensa brasileña se ha complicado en extremo, según detalló la organización no gubernamental. Él ha expresado en reiteradas ocasiones que la prensa “no sirve para nada” y no es más que “rumores y mentiras constantes”, a ello se suma su retórica bélica.

En su discurso oficial, el brasileño espetó el 6 de enero de 2021 que algunos medios son “peores que la basura, porque la basura se puede reciclar”. “Brasil está en quiebra, yo puedo no hacer nada. (...) Yo quería cambiar la tabla del impuesto sobre la renta, pero ha pasado lo de este virus alimentado por la prensa que tenemos aquí, esta prensa sin carácter”.

Al día siguiente aseguró que “la prensa es la responsable del pánico en el país y de la pérdida de vidas durante la pandemia, una vergüenza nacional”.

Los métodos de coerción de Jair Bolsonaro son similares a los empleados por el expresidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, el cual acusó a medios y periodistas de la Unión Americana de propagar fake news (noticias falsas, por su traducción del inglés).

Los embates fueron constantes durante el periodo de cuatro años del expresidente estadounidense, el cual culminó con el asalto al Capitolio el seis de enero de 2021, cuando el Congreso de ese país se disponía a validar el triunfo electoral del actual mandatario, el demócrata Joe Biden, y su compañera de fórmula, la vicepresidente Kamala Harris.

Sin embargo, el asalto al Capitolio no representó el fin de la era Trump en Estados Unidos, pues a un año de la presidencia de Biden, los fantasmas del empresario y exmandatario siguen teniendo eco dentro de las esferas conservadoras, tanto del Partido Republicano, como en la sociedad.

Se desconoce si un efecto similar a la “gran mentira de Donald Trump”, como la ha calificado el periodista Jorge Ramos, tenga un efecto espejo en octubre de este año en Brasil, no obstante los métodos de coerción han sido similares.

Por su parte, en la región de Norteamérica, México concretamente, vive un Gobierno de ideología de izquierda, según lo ha clasificado el propio mandatario Andrés Manuel López Obrador, y el cual, pese a los constantes dichos desde la tribuna presidencial de “no somos como ellos”, en referencia a las anteriores administraciones de los partidos Revolución Institucional y Acción Nacional, las prácticas de descalificación hacia la prensa persisten.

En concreto, la guerra contra la prensa en el país más mortífero para los comunicadores por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene varios frentes abiertos, del cual destaca Las mentiras de la semana, el cual es un espacio dedicado desde Palacio Nacional para exponer y señalar noticias, periodistas y medios de comunicación.

El segmento semanal creado desde 2021 ha encendido las alarmas de organismos de defensoría de los derechos humanos, debido a la naturaleza del mismo, el cual surge en un contexto nacional de extrema fragilidad para el libre ejercicio de la prensa.

Por la pasarela de Las mentiras de la semana, sección conducida por la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, han pasado medios desde The New York Times, The Economist, El País, Reforma, El Universal, así como columnistas nacionales e internacionales.

Desde su creación, al menos 20 organizaciones se han pronunciado en contra del segmento y han solicitado en reiteradas ocasiones vías de comunicación con la Administración federal de Andrés Manuel López Obrador, esto, sin éxito alguno. Las solicitudes se han hecho junto la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo objetivo es finalizar con los discursos estigmatizantes.

De acuerdo con las conclusiones de Pedro Vaca, relator especial de la CIDH, se pidió al Gobierno reconsiderar el espacio ante el riesgo de que esté “afectado a las garantías para un debate informado y libre del señalamiento público”. El debate, añadió, “no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), las similitudes de los discursos del expresidente Donald Trump, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro y el mexicano López Obrador, “la lógica es la misma. Es un abuso de poder que no tiene otro impacto que el de intimidar y restringir la madre de todas las libertades civiles que es la libertad de expresión”.

El director de HRW advierte además de una particularidad en el caso de México, del cual, detalla que “esta medida empobrece la democracia. En una sociedad con unas instituciones judiciales tan precarias y con unos niveles de impunidad tan altos, mayor aún es la importancia de los medios independientes, porque son los que hacen las denuncias, los que cumplen con la tarea de fiscalización, al menos en el debate público”.

DECIR LA VERDAD, SER CONTRAPODER

México ocupó el puesto 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2021 según Reporteros Sin Fronteras, y al no tratarse de una nación en situación bélica, la crisis de seguridad para los comunicadores es alarmante en una nación democrática.

En ese sentido, Andrés Oppenheimer, periodista multipremiado, colaborador de diversos medios como El Siglo de Torreón, CNN Internacional y The Miami Herald, describe la situación actual de la democracia en la región como preocupante y lamentable.

Detalló que “apenas hace cinco o 10 años con excepción de una dictadura en Cuba y Venezuela, prácticamente todos los países latinoamericanos eran democracias plenas, y hoy en día esa cifra se ha reducido”.

Recordó que “tenemos en Cuba y Venezuela una dictadura desde hace varios años, pero ahora tenemos una en Nicaragua, pues estas últimas elecciones fueron un chiste. El presidente (Daniel Ortega) apresó a los siete principales candidatos opositores antes de las elecciones”.

Y bueno, hay países donde hay democracias híbridas, donde presidentes autoritarios están metiendo mano al sistema judicial, al sistema legislativo, tanto en países de derecha como en países de izquierda; está pasando desde Bolivia, hasta El Salvador, y en menor escala con tambores de amenazas en el propio México y Brasil”, sentenció Oppenheimer.

Reiteró que ello “no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de erosión de la democracia que estamos viendo en todas partes, empezando en Estados Unidos, donde la decisión del expresidente (Donald) Trump de desconocer las elecciones generales del 2020”.

Dentro de la perspectiva de Oppenheimer, los daños a la prensa se deben a diversos factores, pues señaló que “depende del lugar, si vives en Tijuana probablemente sería la inseguridad…”, no obstante, detalló que esto no aplica en términos generales, pues “las redes sociales y las noticias falsas, son las que nos están causando un tremendo dolor de cabeza y un tremendo daño”.

El sistema de las redes sociales es fundamentalmente perverso, en el sentido que grandes empresas tecnológicas necesitan, de alguna manera, las noticias sensacionales para mantenernos pegados a la pantalla”, y puntualizó que esto genera una perspectiva de desconfianza por lo que los algoritmos de las redes sociales muestran a sus usuarios.

Concretamente en México, Jorge Ramos, colaborador de esta casa editorial y presentador de noticias para la cadena Univisión en Estados Unidos, avizora avances, sin embargo, recalcó que existe un camino por seguir ante la debilidad de la democracia nacional.

Recordó que “México desafortunadamente tiene una larguísima tradición de líderes autoritarios, de presidentes muy fuertes, que con esta fortaleza debilitan a las otras instituciones; debilitan al Congreso, como a los jueces, como a la prensa”, por lo que aseguró que “eso es lo que tenemos que cuidar”.

Ejemplificó el caso de López Obrador, a quien describió como un presidente fuerte, y se cuestionó: “¿Quién es el principal líder de la oposición?”, a lo que dijo que definitivamente “habría problemas para lograr identificarlo”, por lo que detalló que “cuando tienes un presidente muy fuerte, como el caso de él, existen las tentaciones de amasar cada vez más poder”.

A esto se le suman las lagunas en el sistema, mismas que han propiciado efectos negativos en la libertad de prensa y de información, generando batallas legales como la del editorialista de El Siglo de Torreón y académico, Sergio Aguayo, quien enfrenta un proceso legal por 10 millones de pesos y una persecución judicial por parte del exgobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira.

Aguayo Quezada fue condenado en segunda instancia por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre de 2019, luego que por unanimidad de votos los magistrados Francisco José Huber Olea Contró, Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo, optaron por dejar sin efectos la sentencia absolutoria de primera instancia y dictar una nueva en la que condenaron al periodista por considerar que su columna de opinión fechada el 20 de enero de 2016, lesionó el patrimonio moral de Moreira Valdés, debido a que a juicio de los magistrados, existió un abuso de la libertad de expresión, condenando al periodista al pago de la cifra millonaria por concepto de “daños punitivos”.

Organizaciones como Artículo 19, consideran que “los juzgadores de segunda instancia hicieron una valoración inadecuada del contenido de la columna referida, al no analizar el contenido de la nota en su conjunto, y optar por descontextualizar la columna de opinión y valorar sólo algunas expresiones específicas”, puesto que de la editorial, los magistrados tomaron como referencia los argumentos de la defensa del exgobernador la parte del escrito que señalaba que “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana" (sic).

Artículo 19 acusa a los magistrados de “descontextualizar la columna de opinión y valorar sólo algunas expresiones específicas, que en su consideración caen en el abuso a la libertad de expresión, y desestimando el hecho de que la columna contenía información es de interés público y que la crítica recayó en una persona con proyección pública”.

Actualmente, cada vez se hace un mayor uso de la figura de daño moral por funcionarios públicos y personas con proyección pública, y pese a que el presidente López Obrador no ha recurrido a ninguna instancia legal, su golpeteo hacia la prensa en Las mentiras de la semana propicia un ambiente de incertidumbre e inseguridad para los comunicadores.

Al caso Aguayo también se suma el de la periodista saltillense Roxana Romero, quien también fue demandada por daño moral contra exgobernador priista tras la publicación de una nota en febrero de 2016 donde se aborda la autorización de pensión, tras haber laborado en el sector educativo de Coahuila.

Asimismo las querellas contra casas editoriales por daño moral se han extendido a medios como El Mañana de Nuevo Laredo, demandado por 60 millones de pesos; el Periódico A.M. de Guanajuato, demandado por 300 millones de pesos; el caso del periodista Humberto Padgett León, demandado por 10 millones de pesos, todos por funcionarios o exfuncionarios públicos y por la acción de daño moral.

Pese a estos casos, Ramos señala que “la gente espera que nosotros le exijamos un rendimiento de cuentas a los presidentes, a los gobernadores, alcaldes, a los congresistas”, por lo que se cuestiona: “y si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer?”.

Por ello, recordó que “para esto servimos los periodistas, los doctores sirven para salvar vidas, los ingenieros y arquitectos crean estructuras bellas y eficaces, pero nosotros hacemos preguntas a los que tienen el poder”.

Asimismo, puntualizó que “el sexenio de López Obrador está a punto de convertirse en el más violento en la historia moderna de México, más de 105 mil homicidios dolosos han ocurrido, y está a punto de convertirse también en el Gobierno que más periodistas han asesinado, 29 desde que comenzó”.

149 ASESINATOS DESDE EL 200

A menos de 24 horas de que fuera asesinado en Oaxaca el sexto periodista mexicano, el jueves 10 de febrero, Heber López, en el puerto de Salina Cruz, el presidente López Obrador calificó a los periodistas como “mercenarios” y, violando diversas leyes, divulgó información financiera confidencial de Carlos Loret de Mola.

Los ataques contra la prensa son una enorme irresponsabilidad política, cuando tiene la obligación de llamar a la paz y encontrar soluciones mediante la apertura a la crítica para que las agresiones contra los periodistas cesen”, dijo el director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

El mandatario criticó por nombre a Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Carlos Loret de Mola, quien en su medio Latinus reveló que un hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, vivió en 2019 en una casa en Houston, Texas, de un contratista de Pemex.

La residencia que López Beltrán y su esposa Carolyn Adams ocuparon, entre 2019 y 2020, pertenecía a Keith L. Schilling, de Baker Hughes, que en agosto de 2019 firmó en Villahermosa, Tabasco, un contrato de Pemex.

Tras el escándalo, la compañía Baker Hughes, señalada en el reportaje de Loret de Mola, dijo que no favorecieron al hijo del mandatario, sin embargo, accionistas de la misma llamaron a investigar el caso.

Mientras tanto, Maldonado consideró que México “vive una violencia letal contra la prensa, de proporciones inéditas y lo que esperaríamos por parte del Gobierno mexicano es una condena pública. Pero no la hay, no hay voluntad de tener un plan de contingencia”, esto pese a que el Gobierno federal asegura que sí existe un plan de asistencia contra las agresiones a los periodistas.

En ese sentido, el director para la región de Artículo 19, manifestó que el discurso de López Obrador “genera que otros actores políticos repliquen sus ataques. Estos actores se sienten habilitados y con permiso de agredir frente a una narrativa que presenta a la prensa como adversario. Estamos en un discurso de guerra, donde al enemigo hay que aniquilarlo”.

Del año 2000 a la fecha se han registrado 149 asesinatos de periodistas, de los cuales 137 fueron hombres y 12 mujeres.

De 2018 a 2021, se han detectado 769 casos de asedio, amenazas y ataques contra las periodistas, lo que representa más de 64 por ciento de los casos frente al mismo lapso anterior.

Según Signa Lab, laboratorio interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de 2010 a 2021 se han registrado mil 200 agresiones contra mujeres comunicadoras.

Se ha recalcado que parte de las agresiones que padecen los periodistas son amenazas de muerte, intimidación, hostigamiento, ataques físicos y bloqueos informativos.

Las críticas por las hostilidades a la prensa y los asesinatos han tenido eco en Estados Unidos, donde los senadores Marco Rubio y Tim Kaine, de los partidos Republicano y Demócrata, denunciaron el pasado 8 de febrero la inacción de Gobierno de México e instaron al Departamento de Estado de su país a exigir a su vecino del sur mayores esfuerzos para la protección a comunicadores.

Además, consideraron que para mitigar esta violencia "se debe enfrentar la problemática relación entre funcionarios públicos y cárteles" del narcotráfico.

Los senadores, ambos miembros del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental en la Cámara Alta, afirmaron que nueve periodistas mexicanos fueron víctimas de homicidios en 2021 y en lo que va de año "nueve han sido brutalmente asesinados".

"Es muy preocupante que esta guerra contra la prensa esté ocurriendo en un país con una democracia consolidada", insistieron.

MÉXICO DEFIENDE ‘PLAN DE PROTECCIÓN’

Mientras los mexicanos atestiguan un incremento de los ataques contra los periodistas, los ojos de muchos miran hacia el programa federal que tiene como mandato proteger a los miembros de la prensa y cuya eficacia ha sido cuestionada por algunos.

México cuenta desde hace diez años con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque las agresiones y asesinatos no se han detenido.

De acuerdo con Enrique Irazoque Palazuelos, director del Comité para la Protección de los Periodistas, dice estar consciente de que su oficina está bajo el escrutinio de varios, pero defiende la labor del programa y asegura que ha permitido salvar muchas vidas.

Considera que las primeras semanas del año han sido “las más violentas para la prensa mexicana en más de una década”.

Sobre el programa, una vez incorporados, los periodistas y defensores pueden recibir algunos apoyos, como dispositivos electrónicos o “botones de pánico” para alertar a las autoridades ante alguna amenaza, incluso pueden contar con escoltas.

No obstante Irazoque descarta que los recurrentes ataques del presidente contra la prensa, sea un factor determinante para los asesinatos. Resaltó que antes del homicidio del quinto periodista en lo que va del 2022, los atentados contra los miembros de la prensa son resultado de otros factores, como la impunidad y la corrupción, y provienen sobre todo de autoridades locales y el crimen organizado.

Hasta antes del asesinato de Heber López, el Gobierno federal contabilizaba 54 periodistas asesinados desde el inicio de esta Administración, y según los propios análisis del Mecanismo, los ataques provienen principalmente de las autoridades municipales, en un 40 por ciento y del crimen organizado en un 30 por ciento.

La cifra de asesinatos es mayor a la de algunas organizaciones, como el Comité para la Protección de los Periodistas, que la ubica en 33.

Sostuvo que el Mecanismo no puede hacer su tarea de protección sin la colaboración de las autoridades locales, por lo que asegura que eso no siempre ocurre.

Desde que se crea el mecanismo, pareciera que los municipios y los estados, o dan un paso hacia atrás o hacia el lado, y el mecanismo se va quedando solo”, detalló para The Associated Press.

Para implementar las medidas de protección —por ejemplo, proporcionar escoltas— se tiene que hacer con la colaboración de las policías locales.

Similar es el posicionamiento de Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, quien coincide en que el mecanismo no puede por sí sólo resolver la violencia.

La impunidad sigue siendo el factor de México que incentiva esos crímenes, y por lo tanto cualquier acción debe ir de la mano con el combate a la impunidad, mejorar a las fiscalías a las policías”, dijo, y puntualizó en que errores “pudieron haber aportado a la pérdida de vida de periodistas”.

En ese sentido, recordó el caso de Gustavo Sánchez Cabrera, periodista asesinado en junio de 2021 en Oaxaca y quien había pedido protección al mecanismo.

Hootsen detalló que Sánchez fue aceptado en el programa y que iba a recibir escoltas, pero la coordinación entre las autoridades federales y estatales falló.

Claramente la situación era crítica porque terminó acribillado”, recordó.

Hootsen sostiene que sería incorrecto decir que la violencia que ha afectado a los periodistas es resultado directo de las críticas del presidente, sin embargo, consideró que sus palabras sí dividen a la opinión pública y contribuye a que cuando ocurre un ataque, la gente no siempre vea que eso representa un atentado también a una de sus libertades.

Irazoque mencionó que el mecanismo ha dado mil 300 dispositivos electrónicos de seguridad, además de que ha asignado a más de 200 escoltas a distintas personas, ha instalado alrededor de 75 refugios para quienes están bajo su protección y en ocasiones a su familia.

Además, dice que han ayudado a reforzar la seguridad en unos 400 inmuebles donde viven las personas.

Sin embargo, poco después del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, el reportero de radio y televisión también de ese municipio, Odilón García, criticó al mecanismo, el cuál conoce bien después de haber estado tres años bajo su protección.

Te dan un pequeño teléfono y si pasa algo, puedes llamar y la llamada sale a una oficina central que notifica a la policía, que después te va a ubicar, y mientras, ya estás muerto”, dijo.

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