Como muchos militantes de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador se opuso a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años noventa. Afirmó, como muchos de sus correligionarios, que el TLCAN le haría un enorme daño a la economía del país una vez que entrara en vigor en 1994. Ya como presidente electo, sin embargo, entendió los beneficios del tratado y que no podía poner en riesgo los millones de empleos que han surgido del libre comercio. Por eso, apoyó al gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto, para negociar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que reemplazó al TLCAN por exigencia del presidente populista estadounidense Donald Trump.
López Obrador pidió solamente una modificación importante en el texto que negociaron los gobiernos de Trump y Peña Nieto: introdujo una nueva redacción al artículo octavo para establecer que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna” y que “México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional…”.
Muchos especialistas advirtieron que esas adiciones no eran necesarias. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Canadá han cuestionado nunca, desde que se firmó el TLCAN, la propiedad del gobierno de México sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Todos los países en cualquier tratado, por otra parte, tienen derecho soberano a reformar su legislación interna, pero eso no quiere decir que puedan violar así los acuerdos de un tratado.
En una conferencia de prensa el 27 de agosto de 2018 Jesús Seade, quien representó al presidente electo, López Obrador, en las negociaciones, declaró: “El presidente electo ha sido muy claro desde que ganó las elecciones. En público, en privado, en todas las formas, cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética. Él no piensa cambiar la Constitución, él respeta el marco legal que tenemos. Y eso incluye, por supuesto, los contratos, que son parte del marco legal, los contratos existentes como los tenemos”.
Ya como presidente, sin embargo, López Obrador sí ha hecho reformas legales que violan las garantías a las empresas de otros países y los contratos existentes. Abiertamente ha dicho que busca favorecer a los monopolios gubernamentales mexicanos, Pemex y la CFE, en detrimento de las “empresas extranjeras”. El problema es que el T-MEC prohíbe precisamente dar un trato de privilegio a las empresas nacionales frente a las de los otros países firmantes.
El capítulo octavo no cambia esas disposiciones del T-MEC. Los hidrocarburos pueden ser propiedad del gobierno, pero eso no significa que no se apliquen reglas justas a la extracción, refinación, transportación y distribución final del petróleo, los petrolíferos y el gas para todos los participantes. El capítulo, por otra parte, no habla ni siquiera de la electricidad.
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han iniciado consultas con México sobre las violaciones de nuestro país al T-MEC, pero el presidente ha afirmado que no cambiará de posición porque se trata de un tema de soberanía. No lo es, por supuesto, pero lo más preocupante es que pudiera decidir cancelar el T-MEC para proteger a los ineficientes monopolios del gobierno mexicano. Si sacrifica el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que ha sido el sostén de la economía mexicana desde 1994, el país podría perder millones de empleos en medio de una enorme crisis económica.
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