Aprobar el presupuesto gubernamental es la tarea más importante de un Congreso. Si bien al ejecutivo se le encarga la administración de las instituciones y programas de gobierno, el legislativo debe definir el gasto y darle seguimiento. Así se hace, por lo menos, en los países democráticos.
Durante mucho tiempo esta división de poderes no existió en México porque un solo partido, el PRI, controlaba estos dos poderes, y también el judicial, que debía resolver los conflictos entre los otros dos. El arribo de la democracia a mediados de los años noventa cambió las cosas. A partir de 1997, a la mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, el presidente dejó de tener mayoría absoluta en el Congreso. Este equilibrio se mantuvo en los años subsecuentes. Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto lograron mayorías absolutas. Tuvieron que negociar con la oposición para sacar adelante sus presupuestos. Y esto resultó bueno para el país.
Las cosas, sin embargo, han regresado a la situación de los tiempos del viejo PRI. El presidente López Obrador consiguió desde el primer momento una mayoría absoluta que le ha permitido hacer lo que ha querido.
¿Y qué ha querido? Por una parte, aumentar los programas asistenciales. Los apoyos a los adultos mayores se han multiplicado, pero también han surgido proyectos nuevos, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Por otra parte, ha encauzado virtualmente toda la inversión pública a unos pocos proyectos que él ha impulsado sin hacer estudios previos de factibilidad.
Todas las demás actividades del gobierno han sufrido, ya sea por falta de dinero o por mera ineptitud, como ocurrió con la cancelación de las compras consolidadas de medicamentos del IMSS que produjo un grave desabastecimiento de medicinas. También la educación y otros servicios gubernamentales se han deteriorado. Antes, si uno quería inscribirse al registro de contribuyentes y pagar impuestos, el trámite se hacía en unos cuantos días. Hoy quien quiere pagar impuestos debe pasar semanas o meses tratando de pescar una cita en el SAT.
Si lo que buscaba el gobierno era lograr un mayor crecimiento económico y reducir la pobreza, estamos perdiendo terreno. La economía mexicana empezó a decrecer en 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, y si bien hubo un rebote en 2021, este ha perdido vigor. Vamos en camino de tener el primer sexenio sin crecimiento per cápita desde el gobierno de Miguel de la Madrid. La inversión fija bruta, clave para la prosperidad futura, ha caído de 22 a 20 por ciento del producto interno bruto. Incluso la inversión pública ha bajado de 6 por ciento en 2009 a solo 2.5 en 2021. Además, la poca inversión pública se concentra en proyectos que no serán rentables, como el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. La pobreza, mientras tanto, está aumentando: de 41.8 por ciento de la población en 2018 a 43.9 por ciento en 2020; la pobreza extrema avanzó de 7 a 8.5 por ciento.
La razón es clara. El asistencialismo puede resolver problemas momentáneos y ciertamente es eficaz para comprar votos, pero la verdadera prosperidad solo se consigue con inversión productiva y crecimiento.
Como el gobierno tiene hoy mayoría absoluta, para 2023 el Congreso está aprobando ingresos y egresos que no cambian la filosofía del régimen. El asistencialismo prevalece sobre la construcción de prosperidad. Lo peor es que las leyes se están aprobando sin cambios importantes. Hemos regresado a los tiempos de la presidencia imperial.
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