Pocos debates han sido tan intensos en nuestro país como el que tiene que ver con la militarización de las policías. Lo curioso es que las posiciones han cambiado. Los militantes de Morena, que se oponían a la militarización, hoy la defienden, mientras que los miembros del PRI y del PAN, que la defendían, hoy la cuestionan.
Yo en lo personal he mantenido que lo ideal es tener una policía civil, pero reconozco que en determinadas circunstancias un mando militar puede mejorar una corporación ineficaz o corrupta. La militarización, sin embargo, debe ser temporal. No tiene mucho sentido decir, como hace el presidente, que la Guardia Nacional debe ser parte permanente de la Secretaría de la Defensa o de lo contrario se corromperá. ¿Acaso no le tiene confianza a su propia secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez?
En 2010, cuando el presidente López Obrador era todavía parte de la oposición, afirmó: “Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. La solución no es la militarización”. Mario Delgado, hoy presidente de Morena, afirmó en 2017: “Militarizar la seguridad pública es un cheque en blanco para la violación de los derechos humanos”. Jesús Ramírez Cuevas, hoy coordinador de comunicación de la Presidencia, expresó: “Porque van a querer usar el ejército ya como fuerza de seguridad policiaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Eso tiene un nombre, se llama dictadura”.
En contraste, los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como los miembros de sus gabinetes, mantuvieron siempre la posición de que la militarización de la Policía Federal era indispensable para evitar triunfos de las bandas del crimen organizado. Las posiciones han cambiado de manera radical. Así son todos los políticos.
Me parece, sin embargo, que se presta demasiada atención a lo que hacen o pueden hacer las policías federales o la Guardia Nacional. La razón es que estas corporaciones son controladas por el gobierno federal. La verdad, sin embargo, es que la mayor parte de los delitos que realmente agravian a la población, como el robo, el secuestro o el homicidio, pertenecen al fuero común y están, por lo tanto, fuera de la jurisdicción de estas policías federales. La mayor parte de las faltas federales son por delitos contra la salud, que algunos juristas piensan no deberían siquiera existir.
Los estados que han logrado un mejor desempeño en seguridad, sobre todo en el fuero común, lo han hecho con buenas policías estatales y municipales. Un ejemplo es Coahuila, donde los homicidios dolosos alcanzaron un pico de 40 por cada 100 mil habitantes en 2012, pero bajaron a cinco en 2021. En Yucatán hay sólo dos homicidios por cada 100 mil habitantes. En cambio, Zacatecas, Baja California, Colima y Guanajuato, con mayor presencia de policías federales, registran niveles de 109, 86, 82 y 70 homicidios por cada 100 mil habitantes.
La Guardia Nacional tiene hoy alrededor de 130 mil efectivos, muchos más que los 38 mil que alcanzó a tener la Policía Federal. Este incremento, sin embargo, no ha llevado a una disminución significativa en los crímenes. Y se entiende. La Guardia Nacional se ha utilizado para perseguir a migrantes o para cuidar el Metro de la Ciudad de México, pero no para combatir a los criminales que realmente hacen daño a la sociedad.
Al final, uno puede aceptar los argumentos en pro o en contra de la militarización. En el largo plazo lo mejor es tener una corporación civil, honesta y bien entrenada. La militarización puede ser un paso en el camino, pero lo más importante es tener buenas policías locales.
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